Alfredo Cornejo reglamentó en el Boletín Oficial el Código de Procedimiento Minero, que convierte en letra muerta la Ley 7722, pues ya no obliga a las empresas o inversores a cumplirla, sino sólo a regirse por el código de fondo, es decir el Código de Minería de la Nación.
El Consejo Minero queda en una segunda instancia de decisión frente a la primacía del Director de Minería en las concesiones mineras. No obstante, los consejeros serán designados por el Poder Ejecutivo.
El Consejo de Minería estará integrado por un consejero titular y un suplente con título de abogado a propuesta del Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia; un consejero titular y un suplente con título de ingeniero en minas, geólogo o ingeniero con experiencia comprobada en minería o con un título de grado y al menos cinco años de experiencia en el área propuesto por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos y al Colegio de Agrimensura de Mendoza, y un consejero titular y un suplente que representen a las cámaras empresariales y otras entidades vinculadas a la minería en la provincia.
Cornejo quiere avanzar a fondo con la extracción de cobre en la cordillera de Malargüe y de oro en Uspallata. La propaganda oficial reza que se trata de "minería verde" o "minería sustentable". Sin embargo el propio Ejecutivo reconoció que no está claro aún el método con el que se podrá extraer el metal.
El poder de las concesiones mineras quedará en manos de la Dirección de Minería, a cargo del denunciante de asambleístas Jerónimo Shantal, y en segunda instancia del Consejo de Minería, todos bajo el ala de Jimena Latorre, ministra de Energía (N. de la R: fue denunciada por su doble rol como directora de YPF, pero luego absuelta por el cornejista que está a cargo de la Oficina de Ética Pública).
Con el aval de la oposición, Cornejo avanza a todo o nada para imponer la megaminería
