Persecución a la protesta

El Gobierno profundiza la criminalización de manifestantes: respondió a la marcha contra San Jorge con denuncias judiciales

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Miles de vecinos y asambleístas se movilizaron este martes por el centro de Mendoza en un masivo ruidazo contra el proyecto minero San Jorge. La marcha, marcada por el ritmo de tambores, músicos y un gong que acompañó el recorrido, se desarrolló en un clima festivo y pacífico, con consignas que apuntaron a la defensa del agua y el rechazo a la megaminería.

Cornejo mandó a dos ministras a tildar de violenta una marcha que fue pacífica de principio a fin

A diferencia de anteriores manifestaciones, la Policía no provocó ni detuvo a participantes durante la protesta. Sin embargo, en la mañana del miércoles el Ejecutivo provincial anunció que reforzará su política de persecución de la protesta. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, anticipó que se presentará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por hechos de vandalismo ocurridos supuestamente durante la movilización.

Aunque no precisó a quiénes se dirigirá la querella ni qué pruebas sostienen la acusación, Rus afirmó en redes sociales: “Anoche, en la marcha, algunos grupos de antimineros eligieron la violencia y vandalizaron el microcentro. Dañaron bienes públicos que son de todos”.

Criminalización de la protesta y disputa por el relato

El oficialismo puso el foco en los daños materiales supuestamente producidos en esta manifestación y en la denuncia penal, desplazando el eje del reclamo ambiental hacia la idea de “grupos violentos”. La ministra de Seguridad sostuvo que los hechos “atentan contra la convivencia, el orden y el espacio común que compartimos todos los mendocinos”.

En la misma línea, la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, reforzó el discurso oficial: “Venimos trabajando desde hace dos años en espacios institucionales de diálogos constructivos con amplia participación ciudadana. Esto demuestra que, aunque algunos pocos parezcan muchos, en la calle su intención no es de diálogo ni de progreso”.

Una pulseada abierta

Mientras las asambleas y vecinos insisten en visibilizar el rechazo a la megaminería y la defensa del agua, el Gobierno provincial responde con denuncias y discursos que buscan instalar la idea de violencia en las calles. La tensión entre la protesta social y la política oficial se profundiza, dejando en evidencia la disputa por el relato y el sentido de las movilizaciones en Mendoza.

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