Alfredo Cornejo rompió la unanimidad dentro de la Convención Nacional de la UCR respecto a la aplicación de una sanción a los diputados nacionales del partido que salvaron el veto de Javier Milei al aumento para los jubilados. El organismo suspendió la afiliación de los cuatro legisladores del partido que le dieron al gobierno los votos que le faltaban para imponer el veto a la Ley, que surgió del bloque que integran y habían avalado cuando se aprobó en la Cámara Baja.

La Convención suspendió las afiliaciones de Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi y elevó el caso al Tribunal de Ética para que sentencie. Los diputados Roxana Reyes y Gerardo Cipolini responderán ante el Tribunal por beneficiar al oficialismo ausentándose en la sesión sin perder la condición de afiliados mientras tanto.

La decisión contó con el aval de 11 de los 12 convencionales. En contra votó el mendocino Andrés Lombardi, delfín del gobernador Cornejo, cuya postura responde a lo que pide su estrategia para sellar una alianza provincial con La Libertad Avanza que blinde a su armado político de cara a las elecciones intermedias del año que viene.

En ese contexto, Cornejo descalificó la actuación de la Convención a instancias del acuerdo unánime del resto de los sectores partidarios representados. "La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal", cuestionó.

La diputada nacional mendocina por la UCR, Pamela Verasay, no tardó en salir a expresarse en línea con su jefe político. "Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta", sostuvo la legisladora que responde a la conducción de Cornejo.

“Inconducta que daña la credibilidad”

La convención fundamentó que “al tratarse el veto presidencial, cuatro diputados nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido. Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”.

El Tribunal de Ética del partido está integrado por Alicia Tate, de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi, de Buenos Aires, y Ricardo Barrios Arrechea, de Misiones.

Colaboracionistas contra opositores

Con el impacto del acuerdo particular que cerraron algunos diputados del partido con el Gobierno para evitar un rechazo parlamentario al veto del aumento para los jubilados se exacerbaron confrontaciones internas preexistentes en el radicalismo. La relación del partido con el gobierno de Milei es un parteaguas en la UCR. La estrategia colaboracionista que promueven algunos sectores no se encuentra en ningún trazo con la opositora que reivindican otros.

Entre los colaboracionistas se destacan Cornejo y el cordobés Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados nacionales. Mientras que entre los opositores se cuentan el porteño Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional, y Gastón Manes, titular de la Convención.

Los cargos parlamentarios y partidarios se repartieron en un acuerdo entre los sectores internos que siguieron enfrentados por los acuerdos electorales y los pactos con el oficialismo.