El superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, confirmó esta semana que el Plan Hídrico Provincial y el nuevo Código de Aguas serán enviados a la Legislatura recién en 2026. La postergación vuelve a dilatar dos iniciativas que definirán el uso del recurso hídrico en Mendoza por los próximos 50 años, en medio de tensiones territoriales, críticas constitucionales y falta de validación social.
De esta manera confirmó una nueva postergación de un código resistido por sectores productivos y por los propios regantes.
El Plan de Agua que diseñó l Gobierno con la empresa israelí Mekorot no necesita aprobación legislativa. A su vez, ratificó el plan oficial de empezar a cobrar por el consumo de agua.
Informe Explícito: el Código de Aguas que esperan las mineras
Otra postergación
El anuncio de la nueva postergación se dio durante la presentación de una millonaria compra de maquinaria para Irrigación. Allí, Marinelli explicó que el “masterplan” elaborado junto a la empresa israelí Mekorot —base del futuro Plan Hídrico— ya fue finalizado y será entregado en enero de 2026 al gobernador Alfredo Cornejo, quien decidirá cuándo enviarlo a la Legislatura.
“Ya se terminó el diagnóstico, estamos socializándolo para que tenga algún tipo de validación. Es un mandato legal por la Ley de Ordenamiento Territorial”, sostuvo Marinelli.
El Plan Hídrico y el Código de Aguas es el que usará Cornejo incluyen la entrega de una porción de los ríos a las empresas mineras . Contempla que el Gobernador tenga potestad para modificar las prioridades de uso, y lo habilita para decidir que la rentabilidad económica puede primar ante otras necesidades.
El manejo de los ríos hasta 2050
El Código de Aguas, según Marinelli, se inserta en un modelo de gestión estructurado en seis ejes: oferta, demanda, disponibilidad, sostenibilidad ambiental, educación y gobernanza. Este esquema se complementa con el Plan Maestro 2030/2040/2050 y estrategias específicas por cuenca.
La administración del agua se organiza en distintos niveles: Irrigación como actor mayorista (diques, embalses, canales principales), mientras que inspecciones de cauce, asociaciones agrícolas y AySAM regulan la distribución y el consumo. Sin embargo, el modelo enfrenta resistencias.
En 2024, el envío del proyecto de Código fue suspendido por el gobernador ante las protestas de sectores productivos. Un dictamen de expertos —entre ellos el jurista Miguel Mathus Escorihuela— celebró esa decisión y cuestionó duramente el texto propuesto.
“El proyecto tenía cosas buenas, malas e impresentables, incluso contrarias a la Constitución”, advirtió Mathus.
Marinelli minimizó las objeciones y aseguró que las quejas de “algunos productores” fueron incorporadas. No obstante, el nuevo cronograma ubica el debate legislativo en 2026, una vez que el Plan Hídrico esté terminado y se analice la compatibilidad entre ambas iniciativas.
Transformaciones silenciosas y urgencias territoriales
Uno de los ejes del diagnóstico hídrico apunta a los cambios de uso del suelo en zonas como Luján, Maipú y Guaymallén, donde más de 3.000 hectáreas agrícolas pasaron a ser urbanas en las últimas dos décadas. Según Marinelli, muchas personas renunciaron al derecho de riego por su alto costo, optando por agua potable más barata.
La situación plantea tensiones crecientes entre el uso agrícola y urbano del agua, y abre interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema. “La idea es generar una nueva ley o instrumento que permita devolver limpia el agua que se saca en la cabecera del sistema”, explicó el funcionario.
Si se cumplen los nuevos plazos, el Plan Hídrico será entregado en enero y socializado durante el año. Luego, se avanzará con planes específicos por cuenca y se enviará el proyecto de reforma del Código de Aguas. La Legislatura deberá entonces debatir dos leyes clave para el futuro hídrico de Mendoza, en un contexto de creciente presión territorial, escasez, urbanización acelerada y resistencias constitucionales.
