El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo de cinco años con 75,92% de los votos en las elecciones generales celebradas el domingo, cuestionadas por EEUU y la Unión Europea, entre otros, y en las que, según la oposición, hubo una muy baja participación.
Ortega obtuvo ese porcentaje sobre poco más de 2,8 millones de votos totales, que representaron una participación de 65,23% de los ciudadanos empadronados, reportó esta tarde el Consejo Supremo Electoral (CSE).
El segundo lugar fue para el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Martínez, con 14,15% de los votos, según el informe publicado por el CSE en Twitter.
Luego se ubicó el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con 3,30 % de los sufragios.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional (parlamento) y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En las controvertidas elecciones no hubo una real competencia, señalaron los detractores de Ortega, ya que siete aspirantes opositores están actualmente detenidos y los cinco que compitieron el domingo con él eran prácticamente desconocidos.
Pese al dato oficial de participación, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas cifró en 81,5% la abstención.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia escribió ayer en Twitter: “El pueblo manda y hoy tomó su decisión: no legitimar esta comparsa. ¡Porque aquí no se rinde nadie! ¡No más dictaduras!”. Junto al mensaje publicó imágenes de calles vacías y centros de votación sin gente.
Las elecciones fueron desconocidas de inmediato por Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Costa Rica y Colombia, entre otros países y bloques internacionales, y convalidadas por Rusia y Venezuela.
“Lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue la pantomima de una elección que no fue libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”, dijo el domingo el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado difundido por la Casa Blanca.
“Continuaremos usando la diplomacia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones de visado” para que “los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega-Murillo rindan cuentas”, advirtió hoy el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, afirmó que los comicios del domingo “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático” porque Ortega “eliminó toda competencia electoral creíble”, según la agencia de noticias AFP.
El gobierno de Costa Rica, en tanto, desconoció también el proceso eleccionario por carecer “de condiciones y garantías democráticas”, dijo el presidente, Carlos Alvarado, en Twitter.
Igual que Biden el domingo, Alvarado exhortó al gobierno nicaragüense a que “libere y restituya los derechos de los presos políticos”.
“Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas; esto no nos tiene que sorprender, esto era la crónica de un fraude anunciado”, afirmó por su parte el presidente Iván Duque, de visita en Israel, según el diario bogotano El Tiempo.
Asimismo, cuatro expresidentes latinoamericanos subrayaron que la del domingo fue “una jornada electoral marcada por la violación de los derechos ciudadanos”, lo cual “es grave tanto para el futuro del pueblo nicaragüense como para el resto de América latina”.
Los comicios “tuvieron lugar en un contexto de fuerte represión, con todos los espacios de oposición democráticos cerrados”, dijeron los exmandatarios brasileño Fernando Henrique Cardoso, chileno Ricardo Lagos, colombiano Juan Manuel Santos y costarricense Laura Chinchilla en un comunicado divulgado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, en inglés).
En cambio, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó la decisión “inaceptable” de Estados Unidos de rechazar los resultados de las elecciones en Nicaragua y condenó “enérgicamente esa política”, tras reunirse con su par venezolano, Félix Plasencia, en Moscú, según la agencia Sputnik.
“El imperialismo apuntando a Nicaragua, y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, quien la defienda y aquí estamos nosotros, los patriotas de América latina, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con el pueblo de Nicaragua”, afirmó anoche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien calificó la de ayer como una “jornada épica, cívica”.
Los comicios profundizan la crisis política en Nicaragua que se desató con las reprimidas protestas de 2018 contra el gobierno, en las que se registraron al menos 328 muertos, cerca de 2.000 heridos, miles de detenidos y más de 10.000 nicaragüenses que abandonaron el país, incluidos 90 periodistas, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2020.
Luego de esas protestas, también fueron arrestados unos 40 dirigentes opositores, incluidos siete aspirantes presidenciales de las principales fuerzas de oposición, entre quienes se destaca Cristiana Chamorro, precandidata del Partido Restauración Democrática (PRD), que se insinuaba en los sondeos con posibilidades de disputarle el poder a Ortega.
Estados Unidos impuso sanciones al gobierno y al círculo más cercano de Ortega a raíz de la represión a las manifestaciones de 2018.
En junio pasado Washington aplicó sanciones contra más funcionarios y la hija del presidente, Camila Ortega, al acusar al gobierno de socavar la democracia y violentar los derechos humanos
El deterioro de la situación en Nicaragua aumentó la llegada de emigrantes nicaragüenses a Costa Rica, que ya recibía flujos importantes de población procedente de su país vecino.
El canciller costarricense, Rodolfo Solano, dijo que aproximadamente 100.000 nicaragüenses pidieron refugio en Costa Rica y que “en los últimos meses” se registró “un incremento en las solicitudes de refugio, pasando de 1.000 o 1.500 mensuales a 9.000 o 9.500”.
