La Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte denunció en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal el accionar violento de la Policía de Mendoza en el operativo tras los festejos por el pase de Argentina a la final en Qatar. Lo propio hicieron ante la distrital que controla el accionar de la policía en Capital y Godoy Cruz.
Fue tras corroborar que la mayoría de los detenidos tras el desmesurado operativo tenían golpes y lesiones que habían sido provocadas por los uniformados. Como parte de la prueba adjuntaron los videos que circularon profusamente en las redes donde agentes la emprenden a piñas y patadas contra mendocinos que habían ido al KM0 a festejar.
"El personal policial intervino de un modo violento, desmesurado, innecesario y por lo tanto ilegítimo. Es un uso ilegítimo de la fuerza. De 20 personas, 13 tenían lesiones", precisó Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos.
"Muchos de ellos fueron detenidos al voleo, que es lo suele suceder en este tipo de manifestaciones donde hay gran cantidad de gente y un despliegue policial, como fue la represión en el marco de la lucha por el agua. Mucha gente va pasando por allí, o se opone a que se lleven detenida a una persona. Muchos no se conocían entre sí, habían sido detenidos en tres lugares distintos del centro. En San Martín y Don Bosco se llevaron a un grupo que iba caminando yéndose, pasaron las motos, se volvieron y se los llevaron a todos juntos. Los que sufrieron más violencia fueron los detenidos en San Martín y Peatonal", se explayó Cucchi entrevistada en radio Nacional.
La Policía de Mendoza a los golpes contra hinchas tras el pase a la final en Qatar
Describió la funcionaria el accionar patoteril de la policía: "Patadas en el piso, golpes de puño en la cara, disparos a nivel del cuerpo, el uso de gas pimienta cuando ya estaban aprehendidos".
La gran mayoría de los detenidos tenían entre 18 y 30 años, todos sin antecedentes y muchos habían llegado desde los cordones urbanos. "Esto tiene que ver con una política criminal de la gestión de los espacios públicos", apuntó la funcionaria.
En paralelo a estas actuaciones ante el Ministerio Público -que está en manos del procurador Alejandro Gullé, hombre del cornejismo- la Inspección General de Seguridad inició una investigación sobre cinco de los policías que intervinieron en el operativo.
