Personas con discapacidad, familiares, prestadores de salud y organizaciones sociales alzaron su voz en la Legislatura de Mendoza en defensa de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar derechos y asistencia para un sector cada vez más golpeado por los ajustes gubernamentales.
Los prestadores, médicos, transportistas entre otros hace tres meses que no cobran, las pensiones por invalidez laboral fueron recortadas o suspendidas hasta que los "beneficiarios" culminen trámites interminables, y todo en nombre de un supuesto superávit fiscal.
Un ajuste que profundiza la crisis
"Está habiendo un ajuste feroz en discapacidad, y son unos cobardes por hacer esto. La discapacidad debería ser el último sector a recortar", denunció Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad. Las políticas actuales han generado un grave retroceso en la atención y el acceso a servicios esenciales para personas con discapacidad.
Los problemas de movilidad también son un obstáculo diario. Romina, una de las manifestantes, explicó frente a los micrófonos: "Hace tres años que lucho para que OSEP me otorgue transporte. Muchos de los discapacitados no lo tenemos. Los micros no están adaptados, aunque la ley lo exige".
Precarización y falta de pagos
El reclamo también involucra a los prestadores de salud y transportistas, quienes denuncian graves atrasos en los pagos por sus servicios. "Desde el 2024 no hemos recibido aumentos en el valor de la sesión. Este año, las obras sociales hacen lo que quieren, sin regulaciones. Llevamos más de tres meses sin cobrar", afirmó Lucila Viera, prestadora de salud.
La crisis afecta incluso a familias con cobertura médica privada. El caso de Catalina Ramos, una niña de 10 años con neurodiscapacidad degenerativa, ilustra el alto costo de la atención médica. Su familia gasta alrededor de 500.000 pesos mensuales en consultas y tratamientos.
La pulseada política
Mientras la oposición exige una sesión especial en el Congreso Nacional para debatir la emergencia en discapacidad, el gobierno libertario ya anticipó que no apoyará la iniciativa. En vísperas de esta discusión, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó un informe detallando el impacto fiscal que implicaría su implementación.
El conflicto sigue en escalada, mientras quienes dependen de estos servicios continúan enfrentando trabas burocráticas, falta de asistencia y un sistema que parece cada vez más indiferente ante sus necesidades.
