El 16 de julio de 2025, el Gobierno de Mendoza ejecutó el despido del licenciado en enfermería César Castillo, referente técnico en hemodiálisis con más de tres décadas de trayectoria. La notificación llegó con un escribano y un policía en la puerta de su casa. No hubo audiencia previa ni instancia administrativa. La causal oficial: “no adaptarse a las nuevas normativas del servicio”. Pero para sus compañeros, pacientes y colegas, el motivo fue otro: haber alzado la voz contra la precarización laboral en el Hospital Central.
Castillo no solo era un profesional reconocido por su formación y compromiso. Era también uno de los rostros visibles de las jornadas de paro convocadas por el Sindicato Provincial de Estatales de la Salud (SI.P.E.S), autoconvocados y el SITEA.
Trabajadores, asambleístas y opositores son blanco de una política de persecución de la protesta ejecutada por los sucesivos gobiernos de Cornejo
Su despido, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una secuencia de prácticas sistemáticas de violencia laboral y antisindical que los trabajadores vienen denunciando ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.
“Una lógica de obediencia ciega por miedo a ser sancionados”
La denuncia presentada por SI.P.E.S. expone un entramado de hostigamiento institucional que afecta tanto a personal de planta como a trabajadores contratados bajo la modalidad de “prestadores”. Según el documento, esta forma de contratación “es el puntapié inicial en toda la denuncia por violencia”, ya que implica una situación de extrema vulnerabilidad: sin estabilidad, sin obra social, sin licencias, y con el riesgo constante de ser despedidos ante el mínimo reclamo.
En ese contexto, las autoridades del Hospital —según se lee en la denuncia se trata en particular de la jefa del Departamento de Enfermería, y la Supervisora— habrían desplegado una serie de prácticas que configuran violencia laboral en los términos de la Ley 9263 y el Convenio 190 de la OIT. Entre ellas, se denuncian rotaciones arbitrarias, sobrecarga horaria, maltrato psicológico, amenazas y represalias.
“Los gritos, la violencia verbal, el desprecio, las amenazas directas e indirectas y el amedrentamiento constituyen prácticas sistemáticas dentro del Departamento de Enfermería”, señala el texto. Y agrega: “Se impone una lógica de obediencia ciega por miedo a ser sancionados, en un marco de disciplinamiento que vulnera gravemente los derechos laborales más básicos”.
Espionaje, amenazas y listas negras
La violencia no se limita al ámbito laboral. El documento denuncia una política de persecución sindical que se intensificó tras las medidas de fuerza convocadas por los gremios en junio y julio. Supervisores habrían prohibido la participación en asambleas, intimidado por teléfono a prestadores y ordenado colocar calificaciones negativas en las planillas de desempeño de quienes se enferman o protestan.
“Los prestadores fueron citados a las oficinas de las autoridades donde les exhibían capturas de pantalla de conversaciones de grupos de WhatsApp adonde expresaban disconformidades con las condiciones laborales o su adhesión a las medidas sindicales”, se lee en la denuncia. “Estas prácticas de vigilancia encubierta, el monitoreo de redes o el acceso a mensajes sin orden judicial constituyen violencia institucional y antisindical”.
También se denuncia la elaboración de listas negras. Durante una asamblea realizada el 22 de julio, el personal de seguridad —por orden de la Dirección Ejecutiva del Hospital— habría exigido a los trabajadores identificarse con nombre y apellido para poder reingresar al establecimiento. “El único objetivo de dicha identificación es la confección de una lista negra”, afirma el sindicato.
El caso Castillo: símbolo de la represión sindical
El despido de César Castillo se convierte en el corolario de esta política de disciplinamiento. “Su despido, ocurrido apenas un día antes [de la huelga del 17 de julio], tiene un claro contenido persecutorio y busca disciplinar a los trabajadores que ejercen su derecho a la protesta”, sostiene la denuncia. Y detalla las causales atribuidas: “Faltas injustificadas”, “cuestionamientos a cambios determinados por las autoridades”, y “oposición, cuestionamientos y críticas permanentes”.
Para SI.P.E.S., estas acusaciones no responden a razones laborales, técnicas o administrativas, sino a un objetivo claro: “Desarticular la organización gremial interna, silenciar a los referentes y generar miedo entre quienes aún luchan por mejores condiciones de trabajo y por una salud pública digna”.
Castillo, formador de colegas y profesional querido por pacientes y compañeros, se convierte así en símbolo de la represión sindical que sufren los trabajadores del Hospital Central. Su despido, afirman desde el sindicato, constituye una violación flagrante del derecho de huelga (art. 14 bis CN), la libertad sindical (Convenio 87 OIT), y la protección contra actos discriminatorios (Convenio 98 OIT y Ley 23.592).
“Lo que está en juego es el modelo de salud pública”
La denuncia concluye con un llamado urgente: “Necesitamos un freno que termine con el maltrato, las persecuciones y el clima hostil en nuestro lugar de trabajo”. Y advierte: “Lo que está en juego no es sólo la situación de un grupo de trabajadores, sino el modelo de Salud Pública que se quiere construir: uno basado en el miedo, la precarización y el silencio; u otro, con condiciones dignas, participación activa del personal y garantía de derechos para quienes sostienen todos los días el sistema de salud”.
Desde SI.P.E.S. solicitan la sanción de las autoridades denunciadas, el cese de despidos discriminatorios, amenazas, listas negras y violencia laboral. También exigen la reincorporación inmediata de César Castillo y la apertura de una instancia de diálogo sobre las condiciones de trabajo en el Hospital Central.
Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Y el clima de intimidación se profundiza. Mendoza, tierra de lucha por el agua y los derechos colectivos, suma ahora una nueva batalla: la defensa de la salud pública y de quienes la sostienen día a día, incluso bajo amenaza.
