Por Franco Mizrahi
Para Tiempo Argentino
El caso de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi que se fugaron del Hospital Militar Central "Cosme Argerich", el 25 de julio pasado, se transformó en una caja de Pandora. Luego de que el gobierno anunciase el hallazgo de un fideicomiso con casi 9,5 millones de pesos vinculado a Olivera, que podría servir de financiación para los 72 genocidas fugados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, reveló que un grupo de represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad permanecían internados en forma irregular y sin justificativo médico en el mismo nosocomio castrense por orden de la justicia.
El funcionario convocó a una rueda de prensa para afirmar que la fuga de Olivera y De Marchi "estuvo planificada" y advertir sobre la existencia de "una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles" a algunos genocidas.
Así se desprende del primer informe que elaboró la comisión de asesoramiento médico interministerial, que se creó el 29 de julio pasado para conocer el real estado de salud de los represores alojados en diversos centros de salud de las Fuerzas Armadas. Los resultados corresponden a los internados en el Hospital Militar Central.
"Los equipos médicos han confirmado que no existen razones clínicas suficientes para que los detenidos permanezcan alojados en ese Hospital", aseguró Alak. Y subrayó: "Esto demuestra que los funcionarios judiciales correspondientes avalaban situaciones de absoluta desigualdad y sostenían privilegios inadmisibles".
El ministro aseguró que "quedó en evidencia que muchos traslados (al nosocomio) eran por temas médicos menores". El caso de Olivera es paradigmático: los jueces federales de San Juan, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez, ordenaron trasladar al represor y abogado de la provincia en la que cumplía prisión perpetua a la Ciudad de Buenos Aires para que se tratase un problema dermatológico.
Entre los once represores internados en el mismo hospital militar se encontraban dos coroneles que no tenían una orden judicial de internación ni registraban un criterio médico que justificara su estadía en el lugar. Ambos fueron trasladados a los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza.
A pesar de haber recibido el alta médica, otros seis militares permanecían internados, gozando de las comodidades del hospital ubicado en sobre la calle Luis María Campos al 700. Desde el ministerio comunicaron la situación a los juzgados que dispusieron las internaciones para que corrijan la medida a la brevedad.
También hay un interno que espera una nueva evaluación médica, antes de que se defina su situación. Mientras que los dos restantes se encuentran en condiciones de ser trasladados para continuar sus tratamientos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, según informaron desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
La nómina identifica a los internados como Humberto Lobaiza, Norberto Atilio Blanco, Gonzalo López Belsue, Miguel Angel Amigo, José De la Torre, Bernardo Menéndez, Manuel Cunha Ferré (el caso en estudio), Roque Pappalardo, Rodolfo Campos, Néstor Greppi y José Bettolli, todos ellos con grados que van de Teniente Coronel, a Coronel, salvo en un caso, que corresponde a un Mayor médico.
Muchas de las razones de internación son insólitas. Alak precisó que "uno de los represores estaba internado sólo porque debía realizar rehabilitación en una bicicleta fija; y otro por un lipoma, que no es otra cosa que una bolita de grasa, una patología por la que no hay en toda la Argentina una sola persona internada en un hospital". También comentó el caso de un genocida que "permanecía alojado porque una vez, en una consulta de rutina, tuvo presión alta".
Según el ministro, "la internación en estas irregulares condiciones constituye una grave violación a la Ley de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" porque "configura un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad".
Si bien estos resultados corresponden solo al Hospital Militar se anunció que la misma evaluación se extenderá al resto de los represores que se encuentren internados en otros centros de salud dependientes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. «
