Se trata de las iniciativas para la regulación del ingreso a la carrera judicial, la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
La Cámara Baja aprobó y giró al Senado los proyectos de reforma judicial referidos a la regulación del ingreso a la carrera judicial, el que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema, y el que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
Para poder avanzar en la reforma judicial el oficialismo debió reunir quórum con el apoyo de los aliados que respaldan la mayoría de los proyectos del gobierno nacional como Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y otros monobloques
El oficialismo reunió 133 votos contra 109 opositores para el proyecto de democratización del acceso a la carrera judicial, mientras que en el caso del despacho que fija la publicidad de las resoluciones de la Corte y del estado de las causas en segundo instancia obtuvo 140 votos contra 101 y en la iniciativa de publicación de las declaraciones juradas patrimoniales consiguió 136 a 106.
En tanto que los proyectos fueron rechazados por un conglomerado heterogéneo de bloques parlamentarios conformado por la UCR, el PRO, EL FAP, los ex duhaldistas que conforman el Frente Peronista, quienes plasmaron las expresiones realizadas por sus legisladores a lo largo de un debate que se extendió por más de diez horas.
La sesión especial se inició pasado el mediodía con la presencia de 132 legisladores y antes de dar comienzo al debate de fondo los diputados realizaron un minuto de silencio para recordar a las víctimas de la inundación del pasado 2 y 3 de abril en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires.
En el cierre del debate, el presidente de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, dijo que “el voto de la oposición marca una actitud política, y es que siguen votando para que las declaraciones de los jueces sigan en sobre cerrado y para que ningún argentino las vea; para seguir con el poder elitista de los integrantes del Poder Judicial y para que no se tenga un sistema informático que permita conocer el estado procesal de cada una de las causas”.
Y agregó: “en privado algunos diputados de la oposición me decían: `¿para que se metieron con esto?`, y les digo que nos metemos porque tenemos la profunda voluntad de cambiar las cosas que creemos que se pueden cambiar en la Argentina”.
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (Frente para la Victoria), quien afirmó que el Poder Judicial "debe ser democrático, plural y no corporativo", en el discurso como miembro informante de los proyectos que se ponían a consideración.
Al defender los tres proyectos, la diputada dijo que el objetivo de la iniciativa para democratizar el acceso a la carrera judicial es que "toda la ciudadanía puede acceder dependiendo del mérito".
Desde el radicalismo, Ricardo Alfonsín cuestionó los proyectos al señalar que como otras veces “suelen usar causas nobles para ocultar segundas intenciones que de nobles tienen muy poco; y este recurso coloca a la oposición en posición incómoda, porque corremos el riesgo de que se malinterpreten nuestras posturas a partir de que alguien entienda que nos estamos oponiendo a las intenciones explicitadas, a las nobles”.
El diputado riojano y presidente de la comisión de Justicia, Jorge Yoma, presentó su propio dictamen de rechazo al proyecto gubernamental como sucede desde el último año pese a mantener su pertenencia al oficialismo con el argumento que el tenor de los proyectos tratados "no amerita un tratamiento exprés"
Para Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, “hablar hoy de la declaración jurada es hablar de los superfluos. El origen de esta superficialidad es el miedo y el origen del miedo es la corrupción”.
La integrante del Frente Peronista, Graciela Camaño pidió por "una transparencia en serio" y propuso la realización de una consulta popular en las próximas elecciones para que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre la implementación de las iniciativas que hoy se debaten en el Parlamento.
Uno de los proyectos regula el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de la Nación mediante el procedimiento de concurso público.
Esta iniciativa dispone que los candidatos a ingresar al sistema judicial, desde el escalafón más bajo, deberán realizar un examen de conocimientos básicos y que se conformará una nómina de ingresantes y entre ellos se hará un sorteo a través de Lotería Nacional.
El segundo proyecto establece el carácter público y de libre accesibilidad por Internet de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos.
La propuesta del Poder Ejecutivo establece que la totalidad de las declaraciones juradas de integrantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberán ser publicadas en el sitio de Internet de la Oficina Anticorrupción.
La tercera de las iniciativas prevé que sea obligatoria la publicación de todos los fallos judiciales en Internet; más precisamente las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todo el país, el mismo día de su dictado, después de notificar a las partes.
Estas iniciativas para convertirse en ley deberán ser aprobadas por el Senado que se estima que sucederá la próxima semana y lo mismo sucederá en este cuerpo legislativo con los proyectos de Consejo de la Magistratura y creación de las cámaras de casación que van a aprobar esta noche en la cámara alta.
De hecho, el presidente del bloque oficialista Agustín Rossi adelantó que el martes se hará un plenario de comisión para debatir estos proyectos y el miércoles buscarán convertirlos en ley.
Fuente: Télam
