Es la quinta vez que legisladores deben insistir porque los proyectos perecen en los cajones del Parlamento ante el lobby de sectores del kirchnerismo, de la derecha y de la Iglesia, entre otros.
Diputados de todo el arco político volvieron a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que había perdido estado parlamentario y que ahora contaría con 70 firmas. Horas antes, el jefe de Gabinete ratificó que el Ejecutivo no tiene el tema en agenda, pese a que los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna.
“El tema del aborto está en agenda. Creemos que se puede aprobar en los próximos dos años”. Las palabras de Cristina Zurutuza, referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reflejaron el optimismo que invadió la Sala 2 del Anexo de la Cámara de Diputados con motivo de la representación, con récord de firmas, del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Por quinta vez consecutiva, un importante grupo de diputados y diputadas nacionales de distintos partidos políticos insistieron en una audiencia pública con la aprobación del proyecto de ley para la despenalización y legalización del aborto, luego de que perdiera estado parlamentario.
Y como sucede desde la primera propuesta de 2005, la iniciativa fue representada con record de adhesiones. Ello, a pesar de que el Poder Ejecutivo no tiene el tema en agenda y aun cuando la presencia de un papa argentino pareciera ejercer algún tipo de presión conservadora.
En efecto, este año se reunieron nada menos que 60 firmas de legisladores del Frente para la Victoria, la UCR, el FAP, el Frente de Izquierda y Nuevo Encuentro, entre otros bloques, aunque el número podría ascender a 70, según confió la diputada kirchnerista Adela Segarra, quien encabeza el proyecto.
Es que ya sea visto como una cuestión de salud pública o de derechos humanos, no se puede ocultar que los abortos practicados en condiciones inseguras y clandestinas son la principal causa de la mortalidad materna en nuestro país.
Por eso, el proyecto busca reconocer el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación -no más, según fundamentos médicos-, y a acceder a su práctica gratuita en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa.
En tanto, sólo se podría abortar fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves.
Pero además, la Campaña promueve una fuerte intervención del Estado que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
“Deuda de la democracia”
Pese a los ríos de tinta que se usan para escribir sobre “la falta de consensos” en la clase política, la legalización del aborto unió este miércoles a figuras de todos los partidos. Es una “asignatura pendiente de la democracia”, compartieron el radical Manuel Garrido y la kirchnerista Mara Brawer.
Con una fuerte autocrítica, el diputado Garrido sostuvo que “los legisladores tenemos una actitud hipócrita porque cada día mueren más mujeres”. “Hablamos de derechos humanos y Argentina no está a la altura de los estándares internacionales y de su propia Constitución”, aseguró el porteño contra las “interpretaciones absurdas” que justifican la penalización del aborto.
Y remató: “fue un papelón que los representantes del pueblo no estuvieran a la altura de resolver un problema (como el aborto en caso de violación) y lo tuviera que resolver la Corte Suprema de Justicia”.
Segarra coincidió en sus fundamentos: “este es un debate que lo tiene que dar la sociedad pero la responsabilidad es del Estado, y en particular de este Congreso”. “A 30 años de democracia no podemos privarnos de debatir este tema. No le hace bien a la sociedad mirar para el costado en temas de salud pública”, aportó Brawer.
Palos para el kirchnerismo
Si bien celebraron el record de firmas, un grupo de opositores responsabilizó al bloque oficialista por el no tratamiento del tema. “Saludamos que haya muchos diputados y diputadas que acompañen este proyecto, pero no queremos dejar de señalar la responsabilidad política del bloque mayoritario del Frente para la Victoria, que permite que algunas leyes como la indemnización a Repsol salgan aprobadas en menos de dos meses y otras, como ésta, que evitaría la muerte de miles de mujeres, lleva casi una década sin ser tratada”, denunció Nicolás Del Caño en nombre del Frente de Izquierda.
“Ansío que este año el oficialismo tenga la voluntad política de tratar el tema”, dijo por su parte Victoria Donda (Libres del Sur-FAP).
“Justicia social”
En Argentina se calcula que abortan clandestinamente más de 500 mil mujeres al año, “lo que demuestra que la penalización de esta práctica resulta inútil”, sostienen los legisladores en los fundamentos del proyecto.
Agregan que el aborto clandestino “es un reclamo de justicia social ya que las principales víctimas son las mujeres pobres”, porque no pueden acceder a una intervención quirúrgica segura y realizar un seguimiento médico y psicológico posterior.
“Acá hay un manto de hipocresía: el que lo puede pagar se hace un aborto seguro; pero las más pobres se hacen abortos clandestinos, inseguros, y muchas veces lo pagan con su vida”, reflexionó Zurutuza.
A modo de conclusión, Segarra manifestó que “las mujeres tenemos que hacer un aprendizaje: estamos preparadas para cuidar a los otros pero no para cuidarnos a nosotras mismas".
Quiénes firmaron el proyecto
El proyecto encabezado por Segarra lleva las firmas de Manuel Garrido, Juan Carlos Zabalza, Laura Alonso, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Carlos Heller, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Ramona Pucheta, Carla Carrizo, Gladys Soto, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Adriana Puiggrós, Araceli Ferreyra, Andrea García, Virginia Linares, Alicia Ciciliani, Mara Brawer, Miguel Bazze, Víctor De Gennaro, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Horacio Pietragalla Corti, Mónica Gutiérrez y Fabián Peralta.
También adhirieron Héctor Recalde, Roy Cortina, Jorge Rivas, Elida Rasino, Eduardo Santín, Gloria Bidegain, María del Carmen Bianchi, Edgardo Depetri, Omar Barchetta, Antonio Riestra, Gabriela Troiano, Silvia Scotto, Fabián Rogel, Leonardo Grosso, Mario Oporto, Gastón Harispe, Remo Carlotto, Enrique Vaquié, Herman Avoscán, Juan Carlos Junio, Pablo López, Liliana Ríos, Verónica Magario, Ana Gaillard, María Eugenia Zamarreño, Josué Gagliardi, Jorge Barreto y Liliana Mazure.
Fuente: Parlamentario
