La Ley de Emergencia en Discapacidad fue finalmente promulgada este lunes por el presidente Javier Milei, tras haber sido ratificada por el Congreso con mayoría agravada en ambas cámaras. Sin embargo, la expectativa generada por su sanción quedó en suspenso: el mismo decreto que la oficializa —el 681/2025— establece que su aplicación queda “suspendida en su ejecución”, a la espera de que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas.
Los diputados de Cornejo votaron en contra de las personas de discapacidad porque "el sistema es ineficiente"
La decisión se ampara en el artículo 5 de la Ley 24.629 y fue publicada en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo argumenta que el Presupuesto Nacional 2026, actualmente en debate, es el ámbito adecuado para discutir “de manera integral” las erogaciones que demandan las políticas públicas. “Corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria”, señala el texto oficial.
La ley había sido vetada por el Ejecutivo en agosto, pero el Congreso logró revertir el veto. La suspensión de su ejecución, sin embargo, reabre el conflicto y deja en pausa las medidas urgentes que la norma buscaba garantizar.
Repudio desde Mendoza: “Los derechos están por encima de cualquier presupuesto”
Desde el Observatorio de la Discapacidad de Mendoza, el rechazo fue inmediato. “La Ley de Emergencia en Discapacidad debe aplicarse de forma inmediata para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”, señalaron en un comunicado.
"Se trata de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que están por encima de cualquier presupuesto, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", agregaron, exigiendo el cese de las barreras que impone el Gobierno Nacional para el ejercicio pleno de esos derechos.
Legisladores mendocinos en la mira
El conflicto también expuso tensiones políticas en Mendoza. El diputado Lisandro Nieri (UCR), alineado con el gobernador Alfredo Cornejo, intentó justificar el comportamiento de los legisladores mendocinos ante la ley de financiamiento universitario y el refuerzo presupuestario para el Hospital Garrahan, donde se ausentaron al momento de dar quórum. “Lamentablemente no tenemos presupuesto. Las opciones que nos ponen sobre la mesa son todas malas”, dijo Nieri por Radio Rivadavia, atribuyendo la postura a la falta de previsión fiscal y a la supuesta mala calidad de las leyes impulsadas por la oposición.
Reasignación parcial para la ANDIS
En paralelo, el Gobierno anunció una reasignación presupuestaria para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a través de la Decisión Administrativa 24/2025. A partir del 1° de octubre, la agencia contará con un refuerzo de $121.363 millones, destinado a actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas. El incremento será financiado mediante una reducción equivalente en los créditos asignados previamente a “obligaciones a cargo del tesoro”.
Una ley en pausa, una urgencia sin respuesta
Mientras el Congreso discute partidas y el Ejecutivo reordena fondos, la Ley de Emergencia en Discapacidad queda suspendida. Las organizaciones denuncian que no se trata de números, sino de vidas. Y que la postergación de derechos, bajo el argumento de la austeridad, profundiza la exclusión de miles de familias que esperan respuestas concretas.
