Familiares de personas con discapacidad, prestadores de servicios y organizaciones sociales intensifican su lucha por la declaración de Emergencia en Discapacidad, una medida clave que busca proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este jueves, se reunirán en la Legislatura de Mendoza desde las 10.30 para solicitar el apoyo de los diputados provinciales, en línea con lo que ya han hecho Córdoba y Neuquén.
El pedido de organizaciones
Según Mónica Bascuñán, referente del movimiento, las provincias están adelantando su adhesión al proyecto porque no quieren asumir el costo de atender a las personas con discapacidad. “Vamos a pedir a la Legislatura que acompañe la medida”, señaló.
Por su parte, la oposición ha solicitado una sesión especial para debatir la emergencia nacional en discapacidad, en un intento de garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Impacto fiscal y juego político
Mientras se acerca el debate en Diputados, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha publicado un informe detallado sobre el impacto fiscal de la iniciativa. Se estima que el número de beneficiarios podría aumentar entre 493.000 y 946.000 personas, con un costo de entre $1.889.371 millones y $3.627.495 millones, equivalentes al 0,42% del PIB.
Los aliados de Javier Milei en el Congreso tendrán un rol decisivo en la votación. Particularmente, los legisladores Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cercanos a Alfredo Cornejo, han manifestado posiciones ambiguas respecto al tema. Mientras Unión por la Patria ya comprometió su apoyo a la emergencia—con el impulso de Daniel Arroyo—queda en duda la postura de figuras como el radical Julio Cobos y la libertaria Lourdes Arrieta.
ANDIS y el recorte de pensiones
En Mendoza, las protestas se han concentrado en la sede de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), que enfrenta una auditoría masiva de pensiones. Se estima que 400.000 pensiones podrían ser recortadas antes de fin de año, el doble de lo previsto inicialmente.
El director de ANDIS, Diego Spagnuolo, ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y sensibilidad en el proceso. El ajuste busca alcanzar un ahorro de $900.000 millones en el presupuesto nacional.
¿Qué dice el proyecto de Emergencia?
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta diciembre de 2027, busca asegurar:
- Acceso pleno a prestaciones de salud, educación, trabajo y protección social.
- Actualización de aranceles para prestadores y regularización de pagos atrasados.
- Cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
- Fortalecimiento de servicios básicos y mejora de la atención.
Las organizaciones denuncian que la emergencia ya es una realidad: personas sin acceso a medicamentos, escuelas sin acompañantes, familias endeudadas para cubrir tratamientos y prestadores que trabajan sin cobrar.
