El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart tiene en su poder documentos oficiales para acreditar una maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019. La investigación apunta al aporte de armas del gobierno de Mauricio Macri al grupo que tomó de facto el poder en el país vecino tras desplegar el aparato militar sobre las principales espadas de la administración del presidente Evo Morales.
La trama involucra a funcionarios de la más alta jerarquía del gobierno macrista, entre ellos: los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), informaron fuentes con conocimiento del expediente.
Las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra completan el escenario probatorio actual. Están comprendidas en la investigación las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.
La Aduana fue aceptada como querellante en la causa por contrabando.
Los documentos
Entre los documentos presentados a la Justicia se encuentra el manifiesto de carga del Hércules que partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13.
Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.
Una nota del mismo 12 de noviembre firmada por el entonces jefe de las fuerzas especiales "Alacrán", el comandante mayor Fabián Salas, y dirigida al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, confirma que se habrían incorporado al vuelo las municiones y gases que "son utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público".
La nota en la que se indica que, por fuera del manifiesto de carga, se incluirían en el vuelo 70 municiones antitumulto, 100 spray de gas lacrimógeno y casi 600 granadas de gas compromete a Aguad y Bullrich.
“Contrabando probado”
El ministro de Defensa Agustín Rossi dijo en El Destape Radio que envió a la Justicia "toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen de la Misión Naval de Argentina en Bolivia".
Aseguró que "se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado".
Agregó que hubo "un pedido verbal" de su antecesor, Aguad, para que se cargara el material represivo en el Hércules C-130.
"Se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios y las granadas. Una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y otra a la Policía Boliviana", reveló el ministro.
Esa información surgió de la declaración de una autoridad castrense en el marco de una reconstrucción interna realizada por la cartera de Defensa, conjeturó la agencia estatal Télam.
Una nota fechada el 17 de noviembre de 2019 indica que el comandante de Gendarmería Hector Caliba informó al entonces director nacional de la fuerza, Gerardo Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde "el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar desde la institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón de que se les está acabando su stock", surge de la denuncia.
Soria no tiene dudas
"El nivel de documentación encontrado en todos los organismos permite reconstruir que el arsenal, en vez de ir a Bolivia a custodiar a la Embajada -argentina- fue a manos de las fuerzas que derrocaron a Morales", afirmó el ministro de Justicia Martín Soria en un reportaje que concedió a una radio porteña.
"El contrabando es claro. El arsenal se sacó de manera burda y torpe y se usó en la represión en Bolivia. Días después que salió el armamento, hubo dos masacres. Enviaron armas y municiones para garantizar una asonada en un país hermano", enfatizó.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, dijo en Radio10 que "es de una gravedad mayúscula lo que pasó: el delito de contrabando está probado, y el engaño a las autoridades de control partió desde las máximas autoridades del país".
Agregó que "se halló documentación que viene a demoler las excusas de las autoridades políticas (del gobierno de Macri) de que el material se había consumido en entrenamiento de los gendarmes. Con el golpe ya consumado hubo un pedido de municiones a la Argentina y eso lo informa un gendarme desde Bolivia, y Bullrich y Macri toman la decisión de asistirlos de manera ilegal", afirmó Mena.
El rol de la Dirección General de Aduanas
La Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, se constituyó como querellante en la causa donde se investiga el posible delito de contrabando agravado en el envío de armamento y material controlado a Bolivia.
"La decisión de la DGA, que encabeza Silvia Traverso, sumará la expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y Mercedes Marcó del Pont", informó el organismo en un comunicado.
