Por Nicolás Oliva
Para Celag
Cerca de 300.000 ecuatorianos caerán en la pobreza con la subida del precio de los combustibles decretada por el presidente del país, Lenín Moreno. Así se desprende de una estimación estadística llevada a cabo por el Departamento de Análisis Económico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). La estimación se basa en el impacto sobre los precios de bienes y servicios del aumento –vía eliminación de subsidios- de un 120% del combustible diésel y de un 30% en la gasolina.
En Ecuador, los combustibles, y muy especialmente el diésel, son parte importante en la matriz productiva, y un incremento de esa magnitud tiene repercusiones sobre el índice general de precios de la economía, tanto por el efecto en los costos como por la especulación. Los bienes transables -como víveres y bienes de primera necesidad- serían los más afectados, por lo que la inflación tendría efectos regresivos especialmente en la población más pobre. La estimación de CELAG Análisis Económico cuantifica el impacto de esta medida en la pobreza.
Impacto en la pobreza
La inflación reduce el ingreso real de los hogares y, por ende, incrementa la pobreza. El estudio de CELAG contempla varios escenarios de pobreza ante diferentes índices de inflación (entre 1% y 10%).
Para estimar el efecto de los precios en la pobreza se utilizó la Encuesta de Empleo y Desempleo de diciembre de 2018 publicada por el Instituto de Estadísticas y Censos de Ecuador. Esta encuesta es la herramienta con la que se elaboran las estadísticas oficiales de pobreza. La línea de pobreza utilizada para esta estimación es de 84.75 dólares per cápita al mes. La encuesta recoge el ingreso total de los hogares a nivel nacional. Con el ingreso del hogar y el índice de precios se calculó un ingreso en términos reales que permite medir el impacto de los precios en el nivel de ingreso real de los hogares y, por ende, en la pobreza.
La simulación sobre la pobreza no incorpora ningún comportamiento en la demanda u otra variable, lo cual la convierte en una estimación de equilibrio parcial. A pesar de ello parece fiable, en la medida en que Ecuador es una economía en recesión y los salarios no crecerán para compensar el efecto inflacionario. Además, lo que la estimación de CELAG Análisis Económico lleva a cabo es una simulación conocida como “del día después”, es decir, cuantifica el efecto de corto plazo sin tomar en cuenta los efectos secundarios sobre la demanda agregada, el consumo y en el nivel de crecimiento de la economía que tiene la inflación. Dadas las condiciones recesivas de la economía, la estimación es un piso de lo que realmente puede ocurrir en el mediano plazo.
La pobreza en diciembre alcanzó el 23%. Si la inflación subiese tan sólo un 1%, la pobreza se incrementaría en un 0,3%, lo que representa 53.795 nuevos pobres. En el caso extremo de que la inflación alcance el 10%, 576 mil personas entrarían a la pobreza.
Según las proyecciones, y tomando en cuenta otros análisis, la inflación podría rondar entre el 5% y el 6%, producto de la subida de los combustibles. Bajo ese escenario, la pobreza sería entre un 1,7% y un 2% mayor, lo que significa entre 296 mil y 340 mil personas que entrarían a engrosar la pobreza. El gráfico muestra el impacto en la pobreza que tendrían diversos escenarios de inflación.
Esta política generará, en promedio, unos 300.000 nuevos pobres, lo que supone un 2% de la población ecuatoriana. Se han ofrecido bonos sociales para aminorar el efecto perjudicial. No obstante, hay que considerar que cuanto más se deterioran las condiciones macroeconómicas y la economía ingresa en recesión, más aumenta la densidad de personas que se acercan a la línea de pobreza. Eso quiere decir que cada vez hay más gente en riesgo de pobreza y, por lo tanto, ante un shock de precios o de empleo, caerán en pobreza.
Impactos redistributivos
La pobreza no es la única variable afectada por la política de combustibles. Un shock de precios repercute también sobre la equidad de la economía. Hace pocos días circuló un comunicado de la Universidad de las Américas de Quito (UDLA)[1] que, respaldándose en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[2], afirma que el “(…) subsidio al diésel beneficia principalmente a la población con más altos ingresos.” La UDLA también asegura que el subsidio es regresivo “porque transfiere en mayor proporción recursos fiscales a la población de estratos con mayores ingresos”.
Los profesores de la UDLA hacen una interpretación equivocada de la medición de la regresividad, pues interpretan la regresividad de manera absoluta sobre en qué estratos de la población se concentra el subsidio en términos nominales.
Para saber si existe regresividad se debe cuantificar el monto del subsidio respecto al ingreso de cada hogar, es decir, es una cuantificación relativa a la situación del nivel adquisitivo de cada hogar. Si los deciles de menores ingresos se benefician del subsidio en mayor proporción respecto a su ingreso que aquellos hogares de altos ingresos, entonces el subsidio será progresivo a pesar que los ricos disfruten del subsidio en mayores proporciones absolutas (como de hecho lo hacen).
En este sentido el mismo estudio del BID confirma que en caso de liberar los precios el subsidio al diésel, esta medida sería regresiva. Textualmente señala: si se liberaran los precios “los impactos distributivos totales son progresivos para la reforma de los subsidios a la gasolina, esencialmente neutros para la reforma de los subsidios a la electricidad, ligeramente regresivos para el diésel y altamente regresivos para el GLP”(p. 17)”.
Por tanto, quitar el subsidio al diésel es regresivo, no progresivo como el comunicado de la Universidad UDLA sugiere.
En cualquier caso, el impacto de regresividad es importante para el diseño de las políticas públicas, mas no es el único criterio que debe valorarse. Era evidente que la medida iba a producir convulsión. No es un efecto menor llevar a 300.000 personas a la pobreza.
Referencias
¿Cuánto nos costaron y a quién benefician los subsidios a los combustibles? Boletín de prensa OEM #3 Quito, 8 de octubre de 2019.
BID, 2019. “¿Pueden las transferencias del gobierno hacer que la reforma de las subsidies energéticos sea socialmente aceptable?: un estudio de caso sobre Ecuador”. DOCUMENTO DE TRABAJO DEL BID N ° IDB-WP-1026
