A dos semanas de la audiencia pública por la tarifa eléctrica, Edenor y Edesur, principales distribuidoras del país, advirtieron que, si no reciban el visto bueno para ajustar las tarifas necesitarán a lo largo de este año una asistencia económica estatal superior a los 100.000 millones de pesos para poder afrontar los gastos operativos, el pago de salarios y las inversiones mínimas destinadas a mantener y garantizar el abastecimiento.
Ambas firmas presentaron sus proyecciones económico-financieras (PEF) a la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín, en vistas a la audiencia pública del 17 de febrero en la que, junto a las compañías transportadoras, presentarán sus propuestas de ajuste de tarifas.
Tanto Edenor -en manos de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Marcelo Filiberti- como Edesur -del grupo italiano ENEL- aseguraron que es "imprescindible" una "adecuación tarifaria" de los servicios que prestan, ya que si se mantienen los actuales valores sus déficits operativos aumentarían en 2022 entre $43.236 millones y $56.817 millones, respectivamente.
“La brecha entre la tarifa de Edenor y las variables macroeconómicas se agranda exponencialmente en los últimos tres años”, planteó Edenor.
"La postergación del ajuste del costo propio de distribución y la prohibición de trasladar a tarifa otros costos y gastos originalmente previstos son los causantes directos de la actual situación financiera que le imposibilita transitoriamente a la empresa poder cumplir con el pago total de las facturas por la energía adquirida en el mercado mayorista eléctrico", remarco la distribuidora.
“Es imprescindible que en lo inmediato se proceda a dar tratamiento a una adecuación tarifaria o reconocimiento de ingresos a favor de esta distribuidora que permita dotarla de los recursos necesarios para la prestación del servicio”, sostuvo por su parte Edesur.
De fondo, la discusión con el Fondo
La discusión se da en un marco en el que el Gobierno asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de reducir los subsidios.
De acuerdo con cálculos del Instituto Argentino de la Energía (IEA) General Mosconi, entre enero y noviembre de 2021 (último dato disponible) el Gobierno nacional transfirió $6.400 millones a Cammesa, la empresa que controla el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de la que el Estado nacional participa con el 20% del paquete accionario.
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