Bolivia presentó una nota de queja a Brasil en la que expresó su "profunda preocupación por la transgresión del principio de reciprocidad" en la fuga del senador opositor Roger Pinto a ese país, informó el canciller Choquehuanca.
La presidenta Dilma Rousseff aceptó la renuncia de su canciller, Antonio Patriota, y designó en su lugar al hasta ahora representante ante las Naciones Unidas, Luiz Alberto Figueiredo, informó la agencia noticiosa estatal ABR.
La salida de Patriota, quien será reemplazado por el hasta ahora representante ante las Naciones Unidas, Luiz Alberto Figueiredo, se conoció a última hora de este lunes, luego de que el ahora ex funcionario se reuniera durante cerca de 50 minutos con Rousseff, informó la agencia noticiosa estatal ABR.
La decisión tuvo lugar al cabo de una jornada en la que el gobierno de Bolivia reiterara el pedido de explicaciones a Brasil, lo acusara de haber violado convenios internacionales e informara que estudiaba solicitar la extradición de Pinto.
Paralelamente, el encargado de negocios de la embajada brasileña en La Paz, Eduardo Saboia, llamado a Brasilia a dar explicaciones sobre el caso, admitió en declaraciones públicas su responsabilidad en el traslado de Pinto.
“Estamos analizando todo lo que se refiere a la normativa internacional y nacional para ver cuáles son las opciones” para reclamar la extradición de Pinto, dijo el procurador general interino de Bolivia, Roberto Ramírez, citado por ABR.
Por su parte, el canciller boliviano, David Choquehuanca, afirmó que Brasil violó convenios internacionales y que sus autoridades tenían conocimiento de que Pinto “no es un perseguido político”.
“No puede ser que al amparo de la inmunidad diplomática se transgredan normas nacionales y normas internacionales; así se podría llevar droga y traficar armamentos o tráfico de personas; es grave lo que ha pasado”, declaró Choquehuanca esta mañana y explicó que su gobierno presentará una nota diplomática en la que exigirá explicaciones oficiales.
El canciller boliviano, citado por el diario paceño La Razón y las agencias ABI, DPA, EFE y Prensa Latina, sostuvo que “el señor Pinto tiene en su contra procesos penales por delitos comunes de corrupción, no es un perseguido político”, y agregó que eso “es de conocimiento de las autoridades de Brasil”.
Por ese motivo, señaló que Brasil violó el Convenio de Caracas de 1954 (sobre asilo territorial) al otorgar el asilo a Pinto, pese a que en Bolivia tiene procesos y una sentencia judicial por delitos comunes.
Pinto salió el sábado de la embajada de Brasilia en La Paz, donde permanecía desde mayo de 2012 y recibió un mes después el asilo político de Brasil, cuando era embajador Marcel Biato, quien en junio de este año debió abandonar el cargo, pero su reemplazante, ya designado, Raymundo Santos Rocha Magno, aún no asumió porque falta su ratificación por el Senado.
Saboia, a cargo de la representación diplomática en La Paz, confirmó hoy que fue el responsable de organizar la salida a Brasil del senador Pinto, a quien definió como “un perseguido político, así como lo fue la presidenta (de Brasil) Dilma (Rousseff)”.
“Yo elegí la vida, yo elegí proteger a una persona, a un perseguido político, como lo fue la presidenta Dilma”, afirmó el diplomático, al aludir al encarcelamiento y a las torturas que enfrentó la actual mandataria en la década de los `70, cuando integraba una organización clandestina de oposición a la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985.
Según afirmó el portal brasileño UOL, la fuga de Pinto fue organizada “en rebeldía con la cancillería”, en una “operación secreta” que involucró, además de a Saboia, a dos fusileros navales, cinco agentes de la policía federal (que recién se sumaron en territorio brasileño) y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el oficialista Ricardo Ferraço.
Según la comentarista política Eliane Cantenhede, del diario Folha de Sao Paulo, la fuga de Pinto deja “en el peor de los mundos” al jefe de la diplomacia brasileña: “O el canciller Antonio Patriota no tiene control sobre los diplomáticos o la operación fue autorizada y la investigación y la amenaza de sanciones son sólo una puesta en escena”, sostuvo.
