El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apunto contra el Gobierno de Mendoza y el ahora candidato a la gobernación Alfredo Cornejo por participar de una campaña de desinformación" contra los habitantes mapuche del sur de la provincia cuya identidad y derechos sobre las tierras que habitan fue reconocida días atrás por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El CELS se hizo eco de una investigación de la Agencia France-Presse (AFP) que concluyó que es falsa la versión que difunden los medios masivos de Mendoza, pero también nacionales, acerca del reconocimiento de los mapuche, con quienes el Estado Nacional tiene la obligación de relevarlos como comunidad a partir de lo que establece la propia Constitución Nacional.
"En publicaciones compartidas en redes sociales al menos desde el 28 de enero de 2023, miles de usuarios aseguran que el gobierno argentino, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entregó 21.000 hectáreas del sur de la provincia de Mendoza a una comunidad originaria. Sin embargo, el INAI no tiene la capacidad de otorgar tierras; lo que se realizó fue un relevamiento sobre el territorio, que no implica una cesión de propiedad", señaló AFP.
La agencia también consignó que la versión comenzó a circular a raíz de la publicación en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2023 de dos resoluciones del INAI relacionadas con las comunidades mapuches “Lof El Sosneado” de San Rafael y “Lof Suyai Levfv” de Malargüe, en Mendoza.
Pese a que la documentación, cita AFP, informan la culminación de los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales en ambas comunidades, y reconocen “la ocupación actual, tradicional y pública” de las mismas, se generalizó información maliciosa acerca de que la Nación "otorgó tierras", lo que en realidad no ocurrió.
“Lo que hace el instituto es relevar a las comunidades y armar una carpeta técnica”, dijeron desde el INAI al CELS.
El 2 de febrero de 2023, el INAI aclaró este punto mediante un comunicado, en el que explicita: “Este reconocimiento no implica de modo alguno la entrega o cesión de tierras a las comunidades relevadas”.
Sobre este punto, el CELS precisó: "El relevamiento de las comunidades es una obligación que tiene el Estado nacional. Este compromiso se tomó hace 15 años con la sanción de la ley de emergencia territorial. En Argentina los pueblos indígenas tienen derecho a la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales".
Todos esas instancias no son desconocidos por Suarez y Cornejo -ya que cada instancia del cumplimiento de la ley nacional se hizo dando participación a la Provincia-, sin embargo eligieron una estrategia de confrontación contra los mapuche y, por elevación, contra la Nación, de signo político contrario. Similar posición asumió con el conflicto interprovincial por Portezuelo del Viento, que tomó como botín de guerra tras la salida de la pandemia.
Concluye el organismo que lo que ocurre en Mendoza "muestra el retraso en el registro de las comunidades. Pero eso no sucede únicamente allí. En provincias como Formosa, por ejemplo, sobre un total de 160 comunidades hay una sola relevada".
