Pidió a la Procuración General de la Nación que lo investigue por "dejar a las víctimas sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal en su búsqueda de justicia".
El Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó a la Procuración General de la Nación que se determinen las "graves irregularidades" que habría cometido el fiscal de La Rioja Michel Horacio Salman al pedir que se deje de investigar al jefe del Ejército por el secuestro, detención y torturas de Pedro y Ramón Olivera, en 1977, y por "dejar a las víctimas sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal en su búsqueda de justicia".
A través de un comunicado, el organismo que encabeza el periodista Horacio Verbitsky acusó por presunto “mal desempeño” a Salman quien, en su criterio, “no cumplió con su deber de sostener la acción pública” contra César Milani ni “garantizar una investigación imparcial y eficaz”.
Según el Cels, ese accionar “es violatorio de la obligación que tienen los órganos estatales de averiguar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y de sancionar a sus responsables”. El texto sostiene que "es inadmisible que en su rol de fiscal, Salman obstaculice el acceso de las víctimas a la justicia y colabore a través de maniobras procesales con la estrategia de la defensa para que Milani no sea llamado a indagatoria".
"En lugar de investigar, Salman sostuvo que no se configuró un delito, que si lo hubiera Milani no lo cometió y que si lo hubiera cometido habría sido sin comprender su criminalidad" y, para llegar a esas conclusiones, "desestimó testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y desconoció parte sustancial de la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad".
Salman, prosigue el texto, "optó por el cierre de la acción judicial contra Milani en un estado prematuro de la investigación a través de una valoración irrazonable e injustificada de la prueba" y, en este sentido "no cumplió con su deber de sostener la acción pública y de garantizar una investigación imparcial y eficaz".
"Su accionar es violatorio de la obligación que tienen los órganos estatales de averiguar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y de sancionar a sus responsables", concluye el escrito que solicita a la Procuración que "inicie una investigación interna sobre el accionar del fiscal y se determinen sus responsabilidades de acuerdo con las graves irregularidades denunciadas".
Fuente: Página 12
