Dina Boluarte juró como primera presidenta mujer en la historia de Perú, en una sesión convocada de urgencia por el Congreso, que horas antes había aprobado la destitución del mandatario Pedro Castillo.
Durante la mañana, Castillo había disuelto el Congreso y dijo que gobernaría por decreto, lo que fue considerado como un "auto golpe de Estado" por dirigentes de varias extracciones políticas, quienes se reunieron de inmediato en sesión especial en el Parlamento y aprobaron la vacancia del mandatario.
El debate en el Parlamento
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, convocó para votar una moción de destitución de Castillo por "incapacidad moral permanente", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un "golpe de Estado" por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.
SEGÚN UN ANALISTA, CASTILLO NO TIENE RESPALDO LEGAL PARA JUSTIFICAR LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO
Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima
El presidente del Perú, Pedro Castillo, no tiene ningún respaldo legal para justificar la anunciada disolución del Congreso, le dijo a Télam el politólogo Alonso Cárdenas, quien, como otros tantos analistas, calificó lo ocurrido este miércoles de “golpe de Estado”.
“La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra (2019), lo que en este caso no se da”, señaló Cárdenas.
El politólogo de la London School of Economics señaló que después se determinará si Boluarte continúa hasta el fin del período, en 2026, o si convocará elecciones anticipadas.
Para Cárdenas, la posible mandataria “puede hacer una mejor gestión que Castillo, llena de malos nombramientos y de sospechas de corrupción”.
“Es una lástima que un presidente que llegó como esperanza de las clases populares, que parecía uno de los suyos, haya resultado de la misma calaña que Alan García o Alejandro Toledo", agregó.
La sesión convocada por Williams comenzó poco después de las 13.00 (15.00 de Argentina). Un paneo por las posiciones en el Congreso anticipaban al inicio de esa sesión el probable cambio de posición de muchos congresistas.
La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, consideró que la disolución del Congreso de la República anunciada por el Presidente “es ilegal”, es un golpe de Estado y solo confirmaría la culpabilidad de los hechos de corrupción que se le imputan al mandatario.
Además, dijo que el Congreso debería continuar reuniéndose y sesionando. “Para mí todo debe continuar”, manifestó mientras las puertas del Legislativo estaban siendo cerradas, reportó el diario El Comercio.
Por su parte, Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”, indicó y mencionó que continuarán realizando su labor en el Congreso.
Jorge Montoya, de Renovación Popular, pidió por su parte que se someta a votación la vacancia por incapacidad permanente lo antes posible.
La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la vacancia, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, Dina Baluarte debe asumir la presidencia. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones a RPP.
Héctor Valer, legislador que llegó a ser presidente del Consejo de ministros de Pedro Castillo, indicó que este puede ser acusado por disolver el Congreso y que ahora, en consecuencia “la Fiscalía de la Nación debe tomar las medidas y ordenar la captura del presidente de la República”.
