Para el Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza, la muerte a balazos de Rosa Guzmán, una mujer que sobrevivía de limosnas en las inmediaciones del centro cívico de Las Heras, fue una de las muestras de violencia insitucional de la Policía de Mendoza y se encuadra en un caso de gatillo fácil.
"Entre los limites difusos de lo culposo y lo doloso se cuela la impunidad para sostener una práctica que tiene a los pobres como blanco.
En lo que va de la democracia, las fuerzas de seguridad del Estado en Mendoza ejecutaron o desaparecieron a no menos de 237 personas, casi todos jóvenes y pobres. Apenas el 10% de esas ejecuciones sumarias han recibido condena", recordaron en el Observatorio.
Los casos de abusos policiales son una constante en la que Mendoza se lleva una gran porción: es la tercera en cantidad de asesinatos en manos de las fuerzas represivas, siendo que tienen mucho menos población que Buenos Aires y Santa Fe, que son las que encabezan la estadísticas.
El Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza considera que allí se encuadra la muerte de Guzmán, ocurrida en la madrugada del domingo, mientras la policía perseguía a ladrones.
"Rosita Guzmán vivía en Las Heras, en una humilde vivienda a un costado de las vías de ferrocarril. Tenía 44 años y desde niña conoció la dureza de la vida. Cuidaba autos, limpiaba frentes, hacia cualquier changa para sobrevivir. A veces pedía. Todos la recuerdan con cariño, era alegre, le gustaba bailar y cantar. Siempre tenía una sonrisa para todos, dicen los que la conocieron", reseñaron en el Observatorio.
"La madrugada del domingo pasado una bala policial terminó con su vida. Efectivos de la UEP que se movilizaban en la patrulla 2704 iniciaron un tiroteo y persecución de dos jóvenes que intentaban ingresar a una pollería. 'Los policías disparaban como locos mientras corrían a los delincuentes' dijo el hermano de la víctima. 'A mi hermana la mató la policía adentro de mi casa, que no inventen otra cosa', aseguró. 'Estaba viva, yo quería sacarla para llevarla a un hospital y la policía no me dejaba. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar', dijo un sobrino", marcó la institución.
Tras el crimen de Rosita "rápidamente el Ministerio de Seguridad inició el proceso de protección del homicida: 'fue un accidente', 'no la quiso matar', 'no hay dolo', afirmaron adelantándose a las pericias, al tiempo que difundían información descalificadora de la víctima: 'estuvo presa por robo y por prostitución', 'era adicta'", enumeró el Observatorio.
Consideraron además que la muerte de Rosita se podría haber evitado "si los policías no hubieran disparado a mansalva en una zona poblada, si no hubieran baleado la casa de la víctima, si en vez de disparar hubieran seguido a los fugados. Después de todo se trataba de un robo que no se concretó y los perseguidos escapaban... a pie!! qué tan lejos podían ir? La muerte de Rosita se podría haber evitado si no la hubieran dejado morir sin atención médica. ¿Qué razón imperiosa puede impedir llevar a un moribundo al hospital? Y finalmente, hubiera ocurrido ésto si Rosita no hubiera sido pobre? Si en vez de vivir en una casita precaria hubiera vivido en la Sexta, en el Bombal o en el Dalvian hubieran irrumpido así en su casa, la hubieran baleado, hubieran dejado que se desangrara hasta morir?"
Indicaron que como práctica de las fuerzas de seguridad figura el "matar sin razón, que parezca un accidente, un robo o un enfrentamiento, criminalizar a la víctima y encubrir al asesino, es una metodología que se repite en cada uno de los casos de gatillo fácil, cada vez más numerosos".