Tras revocar el polémico protocolo minero de supuesta consulta previa que habilitaba proyectos mineros sin participación efectiva de las comunidades originarias, el Gobierno de Mendoza reorientó su estrategia. Sin suspender los emprendimientos mineros, ahora milita para convencer —o quebrar— la resistencia de estas comunidades que deben dar su consentimiento según la OIT. Así lo blanqueó el director de Minería, Jerónimo Shantal, quien dijo que encabeza visitas, asambleas y recorridas con un objetivo explícito: que las comunidades huarpes den el brazo a torcer y den el ok al proyecto San Jorge.
“Estamos en el proceso de consulta que ordena la OIT. Están las comunidades Gyattamary y Xumek, que son huarpes. Hemos hecho una asamblea, una visita al proyecto, y ellos todavía no se expresan por el consentimiento que tienen que dar”, declaró Shantal en LvDiez.
La frase, que reconoce la falta de consentimiento, también revela el objetivo del proceso: lograr que las comunidades se pronuncien a favor. “Se está por ver si son parte del negocio, si se los incluye de alguna manera en el proyecto”, agregó, sugiriendo que la participación económica podría ser moneda de cambio para destrabar el conflicto.
Exclusiones, protocolo fallido y giro institucional
El proceso de consulta no solo está atravesado por tensiones territoriales, sino también por decisiones políticas que han generado exclusiones y retrocesos. En medio del avance de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para San Jorge, la comunidad Huarpe Llahue Xumec fue inicialmente excluida del proceso de consulta, mientras que Huarpes Guaytamary sí recibió reconocimiento oficial por parte del INAI, el instituto nacional que preside Claudio Avruj. La maniobra reavivó críticas sobre el Protocolo de Consulta Previa impulsado por Javier Milei y Alfredo Cornejo, aprobado cuando los proyectos mineros ya estaban en marcha.
La presión territorial y la fragrante violación de leyes, denunciada ante la CIDH, obligaron al Gobierno de Mendoza a reconocer oficialmente que omitió consultar a las comunidades originarias antes de aprobar el protocolo. La Resolución Nº 139-EyA revocó el instrumento, admitió el reclamo de las comunidades mapuche del sur provincial y ordenó iniciar un nuevo proceso de diálogo. El dictamen jurídico reconoció “incertidumbre jurídica” y la falta de convocatoria a organizaciones representativas, como Malalweche.
Protocolo minero: comunidades mapuche exigen que el Gobierno consulte también a huarpes y collas
La medida tuvo consecuencias inmediatas: el proyecto minero “Merlot-Syrah” en Malargüe quedó paralizado, y las comunidades presentaron su propio petitorio y propuesta de ley de consulta previa. La revocación marcó un punto de inflexión en la política extractiva provincial, tensionando el discurso oficial sobre participación ciudadana.
Promesas, recorridas y presión territorial
En Uspallata, la visita al yacimiento organizada por la Dirección de Minería incluyó recorridos guiados, presentaciones empresariales y promesas de desarrollo. Según testimonios recogidos por organizaciones territoriales, el tono fue más persuasivo que informativo. “Nos quieren convencer de que es una oportunidad, pero no hay garantías de que se respete nuestra decisión”, expresó una referente huarpe que pidió reserva de identidad.
El intento de “incluirlos en el negocio” —como planteó Shantal— tensiona aún más el proceso. La participación económica, lejos de ser un derecho, aparece como incentivo condicionado al consentimiento. En ese marco, la consulta se transforma en una negociación desigual, donde el Estado actúa como promotor del proyecto y no como garante de derechos.
Una historia de resistencia
El proyecto San Jorge, impulsado por la empresa canadiense San Jorge Mining, busca explotar cobre y oro en una zona de alta sensibilidad ambiental y cultural. Desde hace más de una década, organizaciones sociales, comunidades originarias y asambleas territoriales denuncian los impactos que tendría sobre el agua, el ecosistema de alta montaña y el patrimonio huarpe. En 2011, la Legislatura rechazó el informe de impacto ambiental, pero el expediente fue reactivado en 2023 por el gobierno provincial.
Hoy, el conflicto se reactualiza con nuevas formas de presión. La “consulta” se convierte en campaña, y el consentimiento, en objetivo político. Las comunidades huarpes, sin embargo, mantienen su posición crítica: exigen estudios independientes, respeto por la autodeterminación y garantías de no represalia. Frente a la avanzada institucional, la resistencia territorial vuelve a escena.
