"El estado colombiano ha actuado frente al paro con un accionar típico terrorista y por tanto debe ser investigado por delitos de lesa humanidad", remarcó el abogado mendocino Pablo Garciarena, quien es fiscal en los juicios de delitos de lesa humanidad en Mendoza y viajó a Colombia como parte de la misión argentina para recabar información sobre el estado de los Derechos Humanos en ese país.
Garciarena fue uno de los que intervino en el análisis preliminar de la misión que se hizo vía Zoom en la noche de este martes. El documento oficial fue presentado a principios de junio en una conferencia de prensa.
En 36 días de crisis en Colombia las autoridades del Estado incurrieron, según la misión, en “desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)”, entre otros, de acuerdo con un duro balance preliminar difundido este jueves por una delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó el país.
Refiriéndose a las conclusiones preliminares del informe, Garciarena señaló que el accionar terrorista del gobierno del derechista Iván Duque puede tipificarse en tres elementos:
• "Uno es la sofisticación: es decir, montar una empresa criminal, un aparato represivo".
• "La otra es la generalidad: tiene que ver con que toda la comunidad, todos son sospechosos, el enemigo a combatir es el enemigo interno, y la sociedad es la retaguardia del enemigo interno. Es decir que todos los opositores al régimen se convierte en enemigo del estado".
• "El otro elemento es la sistematicidad: es decir acciones ilegales desplegadas en todo el territorio colombiano de manera ilegal y sistemática".
Garciarena señaló que la misión detectó sitios donde el gobierno trasladaba detenidos en las marchas. "Allí en Colombia identificamos un centro clandestino de traslado a los detenidos en las marchas. Por supuesto incomunicados, sin informarles a los familiares ni darles posibilidad de una asistencia legal. Esto hace recordar a la complicidad civil de la dictadura, donde particulares prestaban la sede de sus empresas o sitios para que llevaran detenidos".
Otra característica importante por la cual la misión caracteriza de terrorista al gobierno de Duque respecto de las protestas, siguió Garciarena, es la institucionalidad: "Es decir los organismos que debían investigar y no lo hacían, el sistema judicial le da la impunidad al resto del estado apara que despliegue su accionar represivo".
✔Informe #MisionColombia ✔
🔴Solicitamos la mayor difusión del informe preliminar sobre la gravísima situación de violación a los Derechos Humanos en #Colombia
🔴Informe completo: https://t.co/CFmgfEKocm pic.twitter.com/aB61oDtg6O— Mision Internacional Colombia (@MisionIntCol) June 4, 2021
De la presentación por Zoom, organizada por Xumek, entidad a la que pertenece Garciarena, también participaron colombianos que revelaron la magnitud de la masacre en su país.
Entre ellos, resaltaron los 78 casos de homicidios identificados, de los cuales 24 son atribuíbles a la fuerza pública, el resto son civiles no identificados en connivencia con la fuerza pública, lo cual lleva a los colombianos a denunciar que siguen accionando las fuerzas paramilitares.
También destacaron que hay 1572 heridos, cientos de ellos con heridas oculares como ocurrió en las protestas en Chile.
La misión
Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Entre otras y otros, participan de la comisión Leonardo Pérez Esquivel (ATE), Sergio Maldonado, Alejandro Rusconi (AAJ), Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL), Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie), Pablo Pimentel (APDH), Gonzalo Armúa (Patria Grande), Martín Ferrari (Frente Darío Santillán), Ismael Jalil (Correpi) y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).
Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumek, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos), José María Cano (CTA Autonóma), Pablo Bres (Serpaj), María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
Uno de los integrantes del grupo fue el dirigente social Juan Grabois, a quien no se le permitió el ingreso a Colombia por un supuesto problema en el pasaporte, aunque en el ámbito de la región sólo se requieres el documento de identidad.
