La Fiscalía de Estado le pidió a la Suprema Corte que declare inconstitucional el decreto de Rodolfo Suarez por el que la Provincia tomará más deuda para pagar vencimientos de la deuda en dólares que tomó Alfredo Cornejo en 2016. En un escrito presentado este martes, el organismo advirtió que de lo contrario sería "transformar en letra muerta" la Constitución.
Suarez decretó la toma de deuda porque no tiene los dos tercios de ambas cámaras que requiere la Carta Magna de Mendoza para estos casos. Con una reinterpretación de la Ley de Administración Financiera el gobernador pretende gambetear así a la autorización legislativa necesaria.
La presentación de la Fiscalía, no obstante, tiene como destino final el pleno de la Corte, integrada en una mayoría de 4 a 3 por jueces filorradicales. Precisamente, la eliminación de salas que impulsó el cornejismo tenía entre sus objetivos que el pleno resolviera pedidos de inconstitucionalidad adversos al Ejecutivo.
"El Decreto N°2502 es una operación de crédito público que por sus características no puede ser encuadrada como reestructuración de deuda pública prevista en los términos del art. 68 de la LAF, debiendo contar con la autorización legislativa previa exigida por el art. 41 de la Constitución de Mendoza", señaló la Fiscalía en su presentación.
"Al no contar con dicha autorización, es inconstitucional y debe ser declarado nulo, teniendo en cuenta además la gravedad institucional que reviste el invadir competencias de otro poder estatal", remarca.
"La consecuencia de no declarar la inconstitucionalidad del Decreto impugnado sería no sólo transformar en letra muerta lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución de Mendoza, sino también desvirtuar la voluntad legislativa y permitir al Poder Ejecutivo realizar nuevas operaciones de crédito cada vez que tenga un vencimiento de deudas anteriores, sin intervención alguna de la Legislatura", postuló.
El fiscal Fernando Simón remarcó además que dejar pasar la maniobra de Suarez "implicaría que cada autorización de deuda otorgada por la Legislatura significaría también autorizar a tomar nueva deuda a su vencimiento, sin disminuir el total del pasivo provincial".
Bajo esa interpretación, indica, "cada vez que en el futuro se produzca un vencimiento de deuda, el Poder Ejecutivo podría tomar un nuevo endeudamiento sin autorización legislativa, lo que vulnera los principios básicos establecidos en nuestra Constitución sobre el crédito público".
Esta es la presentación de la Fiscalía en la Corte:
