Un grupo de fiscales denunció este lunes a través de una solicitada una “campaña de criminalización” contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien nombró a 16 fiscales en todo el país para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, medida que fue trabada por un juez de feria por el pedido de un diputado massista.
Entre otros, firman la solicitada los fiscales Daniel Adler, Dante Vega (por Mendoza), Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois.
La nota, adelantada publicada este lunes en algunos matutinos, busca salir al cruce de “las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales”.
Puntualmente, el texto enmarca dentro del sistema acusatorio que instalará el flamante Código Procesal Penal las designaciones realizadas por Gils Carbó el 30 de diciembre de 2014 y que desde el viernes permanecen suspendidas a raíz de una medida cautelar que el juez Enrique Lavié Pico impuso a partir de una presentación del diputado massista Mauricio D’Alessandro.
En la solicitada, los firmantes apuntan a “responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros”.
“Esas expresiones se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales y constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio, en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una modera forma de persecución penal”, añaden los fiscales.
Asimismo, señalan que “en el marco de este modelo –que impera en el resto del continente-, las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos, con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad”.
También subrayan que “desde el inicio de actual gestión, encabezada por al procuradora general Alejandra Gils Carbó, se han creado equipos especializados para los temas más sensibles de persecución penal, cuyos resultados hoy están a la vista de toda la sociedad”.
En cuando a la designación de fiscales subrogantes, los funcionarios judiciales que adhieren a la nota pública indican que esa disposición “cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia- la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”.
En ese marco, advierten que “sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”. Entre esas designaciones se encuentra el fiscal general Francisco Maldonado, quien había sido designado como subrogante en la Fiscalía General N°2 ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a partir del 2 de febrero de 2015.
“El intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación siguiendo todos los mecanismos constitucionales, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones, revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho”, concluyen.
Fuente: Télam/Archivo Explícito
