"Comenzó a girar como un auto que va a girar en la esquina la política de Derechos Humanos del gobernador. Digo esto porque si bien el 24 de marzo el gobernador firmó el decreto 499 (para las pensiones de ex presos políticos), se empezó a ver desde ese día una desaceleración de la aplicación de la política en derechos humanos", consideró Oscar Guidone, miembro de la agrupación de ex presos políticos de Mendoza, quien lamentó la salida del gobierno de miembros de La Cámpora a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Este lunes se conoció la renuncia de Juan Manuel González, Natalia Brite y Emilio Báez (todos de la Subsecretaría de Derechos Humanos), mientras que el martes presentaron sus renuncias Pablo Ferrari, director del Hospital Lencinas, y la representante en la Escuela de Gobierno, Gabriela Bazán, también de la agrupación que a nivel nacional lidera Máximo Kirchner.
La salida de los tres funcionarios del área de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza se produjo después de que el gobernador Francisco Pérez rompiera con el kirchnerismo, al que reporta González, a la hora de cerrar los acuerdos electorales para este año. Pérez acordó con Juan Carlos Mazzón y Carlos Ciurca la integración de las listas sin tener en cuenta a la dirigencia kirchnerista, obligada por esa circunstancia a presentar candidatos propios para enfrentar al aparato del PJ de la Provincia.
Guidone indicó, además, que en el gobierno de Pérez la verdadera política de Derechos Humanos, o la ausencia de la misma, se reflejó el año pasado "no sólo en las políticas de reparación sino también en el aumento del gatillo fácil, la persecusión hacia la sociedad, las barbaridades que hace la policía de detener a la gente por averiguación de antecedentes... este tipo de cosas que son indignantes y característicos de la dictadura militar. Todos estos temas los veníamos trabajando con la Subsecretaría de Derechos Humanos", enumeró en el programa El Candil, de Radio Nacional.
Críticas de familiares de detenidos y desaparecidos
A tono con lo manifestado por Guidone, Nino Bonoldi, integrante de Familiares de detenidos desaparecidos en Mendoza, cuestionó al gobierno de Pérez por la salida de los camporistas del Ejecutivo.
“En esa situación entendemos que el gobierno no tenía un principio de política de Estado, en avanzar en ciertos aspectos de derechos humanos. Cuando en algún momento hay que comprometerse en donde aparecen las definiciones, es ahí donde aparece lo del D2, las pensiones de los ex presos, la cárcel, gatillo fácil”, señaló respecto de las faltas generadas por parte del Gobierno Provincial, también en Radio Nacional.
Bonoldi señaló que entre los motivos que llevaron a la renuncia del equipo de Derechos Humanos está lo que respecta a la no entrega del edificio del D2 para levantar allí un museo de la memoria y señaló “el gobernador optó por no tocar la policía”.
