La jueza estadounidense Loretta Preska falló este viernes en contra de Argentina en el juicio por la reparación de daños a raíz de la expropiación de la petrolera YPF a Repsol en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, iniciado por los fondos buitres Burford y Eton Park. El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión.
Preska determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por la expropiación y recuperación por parte del Estado de la petrolera YPF, ocurrida en 2012.
Preska le dio la razón a los fondos demandantes, Burford y Eton Park, y se prevé que el monto a resarcir sea el más alto de los que estaban en consideración, por unos 16.000 millones de dólares.
Argentina había pedido que la reparación de daños no superase los 4.920 millones de dólares. En este marco, el Estado nacional, representado por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, apelará el fallo.
La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de Twitter,confirmó que el Gobierno apelará el fallo.
"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó Cerruti.
La jueza Preska determinó este mediodía que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital.
En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.
Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.
Fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.
