El Gobierno de Mendoza echó a tres docentes y trasladó a otros tres que participaron de un almuerzo tras jornadas institucionales por supuesto incumplimiento de normativas sanitarias.
Se trata de educadores de la Asociación de Jóvenes y Adultos Guanacache, que brinda el servicio educativo a presos en el penal de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Después de unas jornadas en el lugar aceptaron compartir un breve almuerzo al aire libre "respetando todas las medidas", señaló Jorge Galleguillo, director del CENS 3-503 que funciona en el penal.
En un comunicado, la institución resumió: “El día miércoles 28 de julio, el CENS 3-503 realizó las Jornadas establecidas en el calendario escolar. Ese día se reunieron dieciocho docentes en un aula del Penal de Boulogne Sur Mer para tratar los asuntos institucionales. Al terminar la Jornada, el Supervisor felicitó a los miembros del CENS por haberla preparado y llevarla a cabo en forma presencial y virtual. Una vez finalizada, se quedaron cinco integrantes del CENS para compartir un almuerzo en el patio, al aire libre, con permiso pedido por escrito a las autoridades de la Penitenciaría. El permiso les fue concedido y la comida realizada con todo el protocolo sanitario correspondiente a la presencialidad promovida en esas fechas por la Dirección General de Escuelas. Con posterioridad, estos cinco docentes, que participaron de la Jornada y del almuerzo, fueron acusados por la DGE de ‘no respetar las distancias sociales y haber puesto en peligro a toda la institución'”.
"Es una decisión sumamente arbitraria del gobierno escolar, particularmente de la Dirección de Jóvenes y Adultos (N de la R: que encabeza Mariana Caroglio). Sí se cumplieron los protocolos, fue hecha al aire libre, éramos pocas personas y se siguieron los protocolos. Tuvimos el acompañamiento del Coordinador de Contextos de Encierro y otras autoridades. El encuentro fue autorizado", detalló Galleguillo en Giramundo TV.
Galleguillo presentó en la DGE un recurso de revocatoria donde expuso estos argumentos y una pesquisa de la Inspección General de Seguridad que concluyó que no hubo violación a las normas. La IGS generó un sumario interno sobre los penitenciarios "cuyas conclusiones fueron archivar las actuaciones porque no hubo violación de las nortaivas sanitarias", señaló.
Docentes de otro penal, también perjudicados
Lo ocurrido con los educadores del CENS de Boulogne Sur Mer salió a la luz al mismo tiempo que otra situación de vulneración a docentes en contextos de encierro, esta vez del penal de Almafuerte, en Luján.
El gremio de los trabajadores de la Educación denunció que la empresa Andesmar -propiedad de Mauricio Badaloni, presidente de la UIA- eliminó una de las frecuencias que los trae de regreso desde la montaña, obligándolos a permanecer a la intemperie por dos horas hasta que logran tomar el siguiente transporte.
Además, hay docentes que, aún con la confirmación del pasaje "no se les emite comprobante, y cuando suben al colectivo se encuentran con sus pasajes vendidos, por lo tanto deben viajar parados o no los dejan subir, y de esa manera no pueden llegar al horario de trabajo".
