Por Javier Polvani
Las cuentas de la Justicia revelan que el presupuesto dispuesto por el gobierno de Francisco Pérez para ese Poder del Estado en 2013 sufrió el recorte de un punto porcentual respecto al total de la pauta provincial comparado con la incidencia de la partida fijada para 2012. La merma porcentual implica en plata fresca unos 250 millones de pesos y en términos de la historia reciente provincial la peor asignación a la Justicia de los últimos ocho años, al menos.
La asignación de la partida más flaca en términos porcentuales para la Justicia local coincide con el punto más caliente de la relación de los Tribunales nacionales con la Casa Rosada. Y, aunque oficialmente la Suprema Corte no reconocerá ni siquiera haber evaluado la hipótesis, algunos experimentados funcionarios judiciales ven una relación directa entre la caída de la incidencia de la partida específica y una intención gubernamental de condicionar al Poder Judicial.
La primera consecuencia del efecto presupuesto se cae de madura: la pelea por los fondos será el ingrediente más caliente en la previa de un año complejo para la relación del Gobierno y la Justicia por el peso de algunos fallos pendientes y la implementación de reformas administrativas en los Tribunales. Si no hay modificaciones durante el tratamiento legislativo a la pauta asignada a la Justicia, no habrá sangre corriendo por las páginas de los diarios pero la relación entre poderes quedará resentida antes de iniciarse un año crucial para una serie de reformas en el Poder Judicial que pretende el Gobierno y para el destino de los planes oficiales que esperan por un fallo judicial para develar su desenlace.
El ajuste del porcentaje del presupuesto provincial que va a la Justicia se ejecutó un ejercicio en el que Paco Pérez se comprometió a agilizar la demorada aplicación del Código Procesal Penal en el Sur y el Valle de Uco y a crear la Policía Judicial. También en 2013 el mandatario quiere avanzar en la autarquía financiera del Poder Judicial. Ninguna de estas metas anunciadas por el Ejecutivo será fácil de cumplir con la Corte Suprema herida en la negociación presupuestaria.
Por ahora, el análisis de los números en la Justicia se hace en voz baja, mientras se prepara la estrategia para defender una ampliación de la partida durante el trámite legislativo de la Ley de leyes. La primera reacción en Tribunales fue de sorpresa porque se enteraron de la asignación que le hizo el Gobierno sin que los técnicos de la Corte participaran de discusión alguna sobre el volumen de la partida que se incluyó en el proyecto que se giró a la Legislatura.
Si bien hubo un primer intercambio de pareceres entre autoridades de ambos poderes, la negociación fuerte de la ampliación del monto fijado empezará en los próximos días, cuando avance la discusión parlamentaria del presupuesto.
Comparativo de la incidencia presupuestaria de la partida para el Poder Judicial
2006 4,19%
2007 4,95%
2008 4,67%
2009 5,18%
2010 4,46%
2011 4,43%
2012 4,65%
2013 3,6% (En proyecto)
La necesidad política de Paco Pérez
La Suprema Corte puede cumplir un rol clave en para que sea o no eficaz la reforma constitucional que impulsa el gobernador como prioridad de su agenda política. Más aún tras conocerse que el vice Carlos Ciurca tienen entre manos la idea de retomar un proyecto de reforma del ex gobernador radical Roberto Iglesias para llamar directamente a la Constituyente sin necesidad de someter a plebiscito la necesidad de reforma.
Para que el plan encabezado por Ciurca tenga éxito será necesario que los miembros de la Corte Suprema cambien la interpretación del artículo 221 de la Constitución, que fija que para llamar a la Convención Constituyente el “Sí” debe obtener la mayoría de los votos sobre el total del padrón de electores provinciales. En la práctica, cada plebiscito reformista sucumbió frente a esa interpretación. Para facilitar la modificación constitucional, la Suprema Corte debería declarar que con la mayoría de sufragantes efectivos a favor alcanza para llamar a la Constituyente.
@javierpolvani
