Ante la prolongación del conflicto con los anestesistas y prestadores de la salud, el Gobierno pretende declarar la emergencia sanitaria en anestesiología, lo cual facultará al Ejecutivo a reemplazar a estos profesionales por otros que se capaciten en esta materia, una de las más delicadas al momento de las cirugías.
Las leyes de emergencia suelen usarse para actuar con rapidez y salteando ciertos requisitos para responder a urgencias y contrataciones. Esta vez, Rodolfo Suarez quiere echar mano de esta herramienta para reemplazar a los médicos que suministran la anestesia a los pacientes en efectores púbicos.
En las últimas semanas se endureció el conflicto entre los anestesistas y Suarez. También hay problemas con los prestadores, a los cuales el gobierno se niega a blanquear sus servicios, manteniendo en negro o con factura su trabajo en el sector público.
A fines de abril, la ministra Ana María Nadal minimizó las renuncias masivas en los hospitales y anticipó que reemplazarías las bajas «redistribuyendo el recurso humano». Este viernes el Gobierno fue por más: trató de corporación a los anestesistas y avanzó con una iniciativa para reemplazarlos capacitando a otros.
Para tener un paraguas legal ante posibles demandas, Suarez y Nadal presentaron un proyecto de ley de emergencia en anestesiología. Esto habilitará al gobierno, entre otras cosas, a «convocar anestesiólogos con matrícula vigente para realizar prácticas anestésicas, incluidas guardias de semana y fines de semana, siempre que hayan tenido una vinculación con el Estado en los últimos cinco años».
También faculta al ministerio a «arbitrar los medios tendientes a implementar estrategias de formación y capacitación de recurso humano en prácticas de anestesia y/o de otros profesionales relacionados con especialidades críticas». Es decir, redistribuir el «recursos humano».
La ministra ustificó la avanzada del Ejecutivo: “El mencionado proyecto de ley tiene como objetivo establecer la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, ya que la situación actual pone en jaque el sistema de salud público y con esto la vida de los y las mendocinas, ya que de manera corporativa y monopólica un grupo de profesionales pretende controlar la anestesia en los hospitales públicos de nuestra provincia”, detalló Ana María Nadal.