El Gobierno y los radicales se enroscaron en una pelea mediática con amenazas para todos después de que la Suprema Corte suspendiera la vigencia de la ley de reconducción que usaría Francisco Pérez para contraer créditos por unos 1.200 millones de pesos.
Desde ambos bandos lanzaron amenazas directas sobre el empobrecimiento de la calidad de atención del Estado a los mendocinos: el oficialismo emitióuna batería de comunicados con obras que se "paralizarían por culpa de la cautelar" y desde el radicalismo insistieron que en la gestión del gobernador es responsable de todas las consecuencias, desmintiendo que la medida judicial afecte el normal funcionamiento del Estado.
El Gobierno salió a anunciar un recorte del 50% de la obra pública cargando la culpa en la UCR que activó una causa judicial contra la constitucionalidad del endeudamiento aprobado sin las mayorías especiales necesarias y la Suprema Corte que dictó una cautelar suspendiendo la autorización para cubrir déficit con deuda. Desde el radicalismo negaron que la cautelar afecte las obras con financiamiento aprobado.
El ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, declaró este miércoles: “El fallo prohíbe dos tipos de reconducción presupuestaria: una, que es el endeudamiento que se va a tomar para compensar los déficits del Presupuesto provincial, que son necesarios para la obra pública (inciso B), y la otra que prohíbe al Gobierno seguir adelante con los créditos que ya tenía tomados y que financian la obra pública (inciso E). Aquí hay una orden, más que una idea nuestra, de querer parar por si nos alcanza o no el presupuesto. No estoy estudiando paralizar, la Corte nos ha ordenado paralizar".
Un claro ejemplo del alcance del freno de la Corte se da en la construcción de la tercera trocha del Acceso Sur, cuyo desembolso ya había sido acordado con Nación, y se haría a través del Fondo Fiduiciario de Infraestructura Regional, subrayó la web oficial de noticias gubernamentales de Mendoza.
“El dinero está comprometido desde Nación, pero técnicamente al ser un préstamo para la Provincia que la Nación repone apenas termina la obra, operativamente no se puede ejecutar”, alarmó el Ministro.
En cuanto a las obras ya licitadas y adjudicadas, Baldasso anticipó que la decisión de la Corte abre la posibilidad de que las empresas constructoras inicien medidas judiciales contra el Estado debido a que al quedarse sin caja no se pueda pagar las obras que tienen contrato. "Cortar las obras, pararlas y volverlas a arrancar es una medida que indefectiblemente generará recesión", alertó el funcionario.
Vaquié: "El fallo de la Corte sólo detiene el endeudamiento ilegítimo"
El diputado nacional radical Alejandro Vaquié negó que el fallo judicial contra la aplicación de la denominada ley de reconducción
Ante la agitada militancia del caos para las obras, los servicios y el pago de salarios de los estatales que lanzó el gobierno de Francisco Pérez en respuesta a la cautelar que auspiciaron los radicales y convalidaron los jueces Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nancláres, de la Sala I de la Suprema Corte.
El fallo de la Corte solo detiene el endeudamiento ilegitimo de la administración de Pérez, no toca obras anteriores.
