En los últimos días circularon versiones sobre una posible reforma de la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial en Argentina. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, admitió que Mendoza trabaja en un protocolo de actuación para ambientes periglaciares en caso de que coexistan con proyectos mineros. “Las provincias, como titulares del recurso, necesitan claridad para administrar. San Juan, Catamarca y Salta tienen proyectos que requieren definiciones para poder avanzar”, subrayó.
Milei avanzará con la minería en periglaciares, anunció la semana pasada
Latorre fue cauta al referirse a posibles cambios: “Quizás lo que necesite esta ley es una mayor definición de los roles de las autoridades con facultades concurrentes”. Y aclaró que cualquier modificación “no quiere decir que se vayan a tocar los presupuestos mínimos”, recordando que tanto la Ley de Glaciares como la Ley Nacional de Ambiente son normas de protección básica.
La voz del IANIGLA
Ante la circulación de rumores, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) emitió un comunicado para despejar dudas. Allí se afirma con contundencia: “Hasta la fecha, no ha sido informado ni consultado oficialmente sobre ninguna propuesta de modificación de esta Ley que pudiera haber sido mencionada o circulado en algunos medios de comunicación.”
El organismo recordó que no es autoridad de aplicación ni autoridad competente de la Ley, sino que, de acuerdo con el artículo 5 de la norma, su responsabilidad es la realización y el monitoreo del Inventario Nacional de Glaciares (ING). “El IANIGLA no es autoridad de aplicación ni autoridad competente de la Ley, sino que… es responsable de la realización y el monitoreo del Inventario Nacional de Glaciares, bajo la coordinación de la autoridad nacional de aplicación”, subrayó el comunicado.
El Inventario como herramienta científica
El Inventario Nacional de Glaciares es definido por el Instituto como “un instrumento técnico-científico de información pública que identifica y caracteriza las masas de hielo en el territorio nacional”. Su objetivo es individualizar glaciares, glaciares de escombros y manchones de nieve perennes que funcionan como reservas hídricas.
“El Inventario constituye información de base para que las autoridades de aplicación adopten las decisiones administrativas correspondientes en el marco de sus competencias legales”, enfatizó el IANIGLA, destacando que su elaboración sigue criterios y metodologías científicas reconocidas internacionalmente.
Reservas estratégicas de agua
El comunicado también puso en relieve la importancia hídrica de estas reservas criosféricas: “El agua (superficial y subterránea) de la que dependen provincias como Mendoza es provista casi exclusivamente por el aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial.”
El ambiente periglacial, definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos períodos. Los glaciares de escombros, representativos de este ambiente, pueden contener entre un 35 % y un 70 % de hielo en su interior. “Por lo tanto, constituyen reservas hídricas potenciales y cumplen una función hidrológica esencial al regular el aporte de agua a la escorrentía”, explicó el Instituto, agregando que en años de sequía pueden aportar entre un 25 % y un 50 % del caudal total en cursos de agua de los Andes Áridos.
Avances y retrocesos del Inventario
El primer Inventario Nacional de Glaciares se presentó el 7 de junio de 2018. Según sus resultados, se identificaron en la cordillera de los Andes 5.769 km² de hielo, de los cuales 674 km² corresponden a glaciares de escombros. “De esta forma, los cuerpos de hielo identificados en el ING representan aproximadamente el 1 % de la superficie de la Cordillera y, por ejemplo, sólo el 0,8 % de la superficie de la provincia de Mendoza”, detalló el comunicado.
En diciembre de 2024 se publicó la primera actualización parcial correspondiente a la región de los Andes Desérticos. Allí se observó, en un período cercano a diez años, una reducción del 17 % en la superficie con glaciares y del 23 % en los manchones de nieve perennes, poniendo de relieve cambios significativos en estas reservas estratégicas de agua. Actualmente se trabaja en la actualización de la región de los Andes Centrales (San Juan y Mendoza), cuya finalización se prevé para el primer semestre de 2026.
Entre la ciencia y la política
La tensión entre la necesidad de preservar reservas estratégicas de agua y las presiones para habilitar proyectos mineros atraviesa el debate. Mientras las provincias reclaman protocolos claros para administrar sus recursos, el IANIGLA insiste en que cualquier decisión debe basarse en información científica rigurosa.
La ministra Latorre sintetizó la encrucijada: “Las provincias necesitan claridad para administrar”. El Instituto, por su parte, recordó que su rol es técnico y que “el Inventario constituye información de base para que las autoridades de aplicación adopten las decisiones administrativas correspondientes”.
En ese cruce de intereses, la Ley de Glaciares se mantiene como un punto de equilibrio entre la protección ambiental y las demandas de desarrollo económico. La discusión sobre su posible reforma, aunque desmentida oficialmente, revela la fragilidad de ese equilibrio y la urgencia de garantizar que las reservas de agua de los Andes sigan siendo un patrimonio estratégico para las generaciones futuras.
