María Emilia Scatolón fue destituida por el jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, tras denunciar presunta contaminación petrolera en tareas de drenaje autorizadas por el propio organismo. Electa inspectora de cauce por los regantes del Canal Matriz Lunlunta, Scatolón enfrentó una escalada de sanciones, amenazas y causas administrativas que ella califica como “una cama armada”. Su caso se inscribe en una política más amplia de disciplinamiento hídrico, que persigue a inspectores que denuncian irregularidades o no adhieren al nuevo Código de Aguas ni al acuerdo secreto con la empresa israelí Mekorot.
Marinelli, del riñón de Alfredo Cornejo, es una pieza clave en la expansión de los negocios mineros y del manejo del agua en Mendoza
Desde 2012, Scatolón recorrió acequias y canales en una zona de napa freática alta, donde las sangrías de drenaje son históricas. En esas tareas, encontró algo más que agua: brotes de presunta contaminación con hidrocarburos. “Yo sacaba agua con petróleo y después en los análisis me decían que salía agua mineral de ahí. Lo vengo denunciando desde 2014. Todo eso no quedó en nada. Se arreglaba entre Irrigación, YPF y la Dirección de Protección Ambiental”, declaró en Mdz radio.
La inspectora no solo labró actas internas, sino que llevó el caso a la Justicia. Desde entonces, afirma haber sufrido una campaña de hostigamiento: pedidos de renuncia, suspensión por 60 días, pérdida de balances contables y amenazas de muerte. “Me dijeron que me limpiaban la causa si yo renunciaba. Es una cama armada. Yo no voy a renunciar porque si lo hago, Irrigación toma la inspección y ya tiene varias inspecciones tomadas”, advirtió.
El relato oficial: sanciones, firmas falsas y devolución millonaria
El Departamento General de Irrigación, a través del Honorable Tribunal Administrativo (HTA), sostuvo otra versión sobre el despido de Scatolón.
Según la Resolución 489/24, Scatolón fue suspendida por presentar de forma incompleta la rendición de cuentas del ejercicio 2022. En octubre de 2024, se intervino preventivamente la Inspección y se inició una investigación que concluyó con la Resolución 253/25: destitución del cargo, inhabilitación por cinco años y exigencia de devolución de $3.608.523,62 por sueldos y contribuciones mal abonadas.
El HTA afirma haber encontrado “firmas falsificadas” y pagos por períodos no trabajados, con pruebas objetivas. También señala que las rendiciones de 2023 y 2024 no fueron aprobadas por los regantes, y que se abrirá una nueva investigación sumarial.
Una política de disciplinamiento hídrico
La destitución de Scatolón no es un hecho aislado. Inspectores de cauce del Gran Mendoza han denunciado una “persecución selectiva” por parte de Marinelli, dirigida contra quienes se oponen al polémico Código de Aguas y al acuerdo con Mekorot, cuyos detalles permanecen ocultos. El plan hídrico elaborado por la empresa estatal israelí redefine las prioridades de uso del agua según lo que determine el Ejecutivo, desplazando el control territorial y comunitario.
El agua como activo financiero
Mientras se judicializa la voz de quienes denuncian contaminación y defienden el agua desde el territorio, Irrigación habilita perforaciones en zonas restringidas para beneficiar a grandes empresarios. Este jueves, el abogado ambientalista y regante Marcelo Romano presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la Resolución 125/2025, que autorizó nuevas perforaciones en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza. La zona había sido declarada en restricción apenas seis meses antes por el mismo organismo.
La medida favoreció a Cresud SAFIC y A., del grupo IRSA, propiedad de Eduardo Elsztain, empresario cercano al presidente Javier Milei. Los cinco pozos entregados permitirán irrigar 424 hectáreas en Agrelo, elevando el valor de las tierras de 12 a 24 millones de dólares. También fueron beneficiados Young Woo (Santa María de Los Andes), Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina) y Pedro García Mateo. La habilitación contradice informes técnicos, jurídicos y científicos que alertan sobre la vulnerabilidad del acuífero.
Mientras se judicializa la entrega de agua a grupos concentrados, se persigue a quienes la defienden desde el territorio. La voz de Scatolón —que incomoda por su persistencia y por haber judicializado la contaminación— se convierte en símbolo de una disputa más profunda: quién decide sobre el agua, cómo se gestiona el territorio y qué voces se silencian en nombre de la eficiencia.
