David Litvinchuk ordenó cerrar la reja del PAMI de calle Belgrano para bloquear una nueva marcha de jubilados y jubiladas en reclamo de sus remedios, mientras la gestión nacional y provincial de la obra social acumula denuncias, imputaciones y una causa penal por desobedecer una orden judicial vigente desde diciembre de 2024.
La escena se repite desde hace más de un año y medio: adultos mayores movilizados en defensa de su salud, mientras el director provincial del PAMI se niega a dar explicaciones ante la Legislatura y ordena cerrar el acceso al edificio. La fiscal Alejandra Obregón imputó tanto a Litvinchuk como al titular nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, por incumplir la medida cautelar que obliga a garantizar la entrega de medicamentos en el marco del Programa Vivir Mejor.
Este miércoles después de la ronda en la plaza San Martín, caminaron hacia la sede del PAMI acompañados de gremios que sumaron sus banderas al reclamo. Ante las rejas cerradas y un operativo policial protestaron igual contra la política de crueldad del Gobierno -que en Mendoza tiene como aliado y garante a Añfredo Cornejo-. Luego se volvieron de espaldas y cantaron el Himno Nacional.
Denunciados en la justicia
La denuncia fue impulsada por particulares y por los abogados de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), que acompañan el reclamo sostenido en las calles. “Lo que esta audiencia demostró es que Litvinchuk y Leguizamo están en infracción a la ley, están incumpliendo una orden judicial que afecta la salud de los jubilados y jubiladas”, afirmó Marisa Uceda, legisladora de Unión por la Patria y abogada querellante.
Pese a que la sentencia judicial está sin cumplir desde diciembre, la Justicia aún otorgó un plazo de 45 días para que la fiscalía y la querella aporten pruebas que confirmen el delito de desobediencia. Mientras tanto, los jubilados siguen sin recibir los medicamentos que les corresponden, y la obra social niega el abandono. “Me indignó. Hay que preguntarle a los jubilados si no sufrieron restricciones en la entrega de medicamentos”, agregó Uceda, quien también denunció el uso de fondos de inteligencia para investigar a un jubilado con cáncer de próstata que cobra apenas por encima de la mínima.
Referentes de Jubypen cuestionaron además la exposición de datos sensibles por parte de Leguizamo: “Con su propia declaración quedó claro que PAMI tiene acceso a toda la información que les exige a los jubilados para hacer colas, presentar declaraciones juradas, etcétera. En dos minutos dijo cuánto cobra el señor Libellara, qué subsidios usa, y reconoció que la cobertura al 100% para todos los jubilados hoy no existe”.
Incumplidores seriales
La tensión escaló semanas atrás cuando el juez federal Marcelo Garnica rechazó un recurso de apelación presentado por Litvinchuk, que buscaba reinstalar el sistema de reinscripción para acceder a los remedios. El Juzgado Federal Nº 2 ya había suspendido esa medida tras un amparo presentado por Jubypen el 26 de diciembre, y este miércoles los jubilados volvieron a exigir que se cumpla la orden judicial.
Ahora en Mendoza
Jubilados protestan en el Pami. Litvinchuk cerró la reja para que no pasen pic.twitter.com/wirRhgy4zb
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) August 27, 2025
Al grito de “¡Devuelvan los remedios!”, decenas de jubilados se concentraron en la plaza y frente a la sede del PAMI. Con micrófonos y pancartas, denunciaron el vaciamiento de derechos y el maltrato institucional. “Lo del Gobierno nacional es una resolución. En la Constitución tenemos la protección y el derecho de las personas al acceso a la salud”, señalaron. “Nos hacen hacer trámites que no son necesarios porque los datos están en ANSES. Esto forma parte de las políticas de maltrato hacia los adultos mayores. Es una violación a nuestros derechos”, agregaron.
La causa judicial avanza, pero los remedios siguen sin llegar. La reja cerrada del PAMI es hoy el símbolo de una gestión que responde con silencio y burocracia al reclamo de quienes sostuvieron el país durante décadas. La pregunta que queda flotando en cada marcha es la misma: ¿cuánto más van a esperar los jubilados para que se cumpla la ley?
