Rodolfo Vargas Arizu, empresario bodeguero devenido ministro de Producción de Mendoza, respaldó con énfasis los recortes al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y a otros entes técnicos como el INTA y el INTI, ejecutados por el gobierno de Javier Milei. La poda presupuestaria recibió el visto bueno del funcionario.
Vargas Arizu es uno de los empresarios que Alfredo Cornejo sumó a su gestión para cosechar le respaldo de un sector díscolo dispuesto a cascotear gobiernos cuando no ceden a sus peticiones o son benévolos con sus exigencias.
“Hace más de un año que el propio INV venía desregulando su intervención. Había una sobrecarga de auditorías que terminaron siendo una traba para el sector. Las bodegas tenían que tener personal exclusivo para atender inspectores del INV. Eso hoy cambia: el foco se pone en lo que realmente importa, como la trazabilidad de origen, la salubridad del producto y sus condiciones para la exportación”, intentó justificar el funcionario, según lo cita diario El Sol.
Vargas Arizu es dueño de bodegas y aplaudió el desguace del INV así como el relajamiento de los controles a las bodegas
Según contó el ministro, fue consultado por el equipo que diseñó el desguace estatal. “Hemos sido consultados por Federico Sturzenegger, por Pablo Lavín y por Juan Pazo. Ellos eran más desreguladores que nosotros, porque conocen menos los problemas específicos de la vitivinicultura. Pero llegamos a un acuerdo razonable, que puede seguir ajustándose con el tiempo, pero que es positivo para la industria”.
Festejó que el INV conserve su sigla
A pesar del recorte, Arizu ponderó la continuidad de la sigla del INV, sobre todo por su reconocimiento internacional.
“No hay otro laboratorio homologado internacionalmente como el INV. Si lo eliminábamos, íbamos a tener que esperar tres años para habilitar uno nuevo. Además, sigue siendo el responsable de emitir los certificados de exportación. En el mundo, cuando una bodega argentina tiene un problema, no se juzga a esa bodega, sino a toda la vitivinicultura nacional. Por eso, un control estatal mínimo sigue siendo necesario”, subrayó el bodeguero.
“En el mundo, cuando una bodega argentina tiene un problema, no se juzga a esa bodega, sino a toda la vitivinicultura nacional. Por eso, un control estatal mínimo sigue siendo necesario”, concluyó el funcionario.
El antecedente granicero
La visión de Estado achicado a su mínima expresión no es nueva en la gestión de Vargas Arizu. En 2023, decidió eliminar la Lucha Antigranizo —programa provincial que mitigaba daños por tormentas— para ahorrar costos de pilotos y aviones.
La decisión tuvo consecuencias directas: el ministro debió presentarse ante productores devastados por las pérdidas. Prometió asistencia, pero con un Estado recortado, las soluciones llegaron con cuentagotas.
