El ministro de Hacienda de la Provincia, Juan Gantus, tiene turno el martes en la mañana en la Legislatura para protagonizar una de las misiones más complejas que le han encargado desde que asumió en la cartera: convencer a los radicales de que Mendoza saldrá ganando si se ejecuta el pacto impositivo firmado con YPF por el cual la petrolera gozará de una tasa diferencial para el cálculo del Impuesto a los Ingresos Brutos a futuro.
En lugar de tributar el 5% del total de los ingresos generados en la Provincia, como establece la normativa vigente, pagará el 3% si la Legislatura convalida el acuerdo que sellaron el gobernador Francisco Pérez y el CEO de la empresa, Miguel Galuccio. El mismo texto condonó una deuda de la petrolera con el fisco provincial de más de 200 millones de pesos.
Los radicales rechazaron los términos del acuerdo con la compañía controlada por el Estado desde que se hicieron públicos, varios meses antes de ser enviado el acuerdo a la Legislatura. El Gobierno decidió congelar el trámite legislativo por la campaña electoral por la sucesión de Pérez a sabiendas de que los intereses proselitistas minarían cualquier posibilidad de aprobar el texto en ambas cámaras.
Los radicales cuestionaron la condonación de la deuda como la rebaja impositiva a favor de YPF que se establecieron en el acta acuerdo entre las partes. Tras las elecciones provinciales, el partido del gobernador electo Alfredo Cornejo no cambió su postura, al menos en público, respecto al acuerdo.
Desde la visión de los radicales, el pacto tributario con YPF ocasionará una merma en los ingresos de la Provincia. Para el Ejecutivo actual, en cambio, gracias al trato impositivo preferencial de la provincia a la petrolera se incrementó la actividad y la producción de la empresa en Mendoza.
“Esto de ninguna manera perjudica a la Provincia, todo lo contrario, y lo que se está planteando es una discusión dialéctica, ya que hay elementos técnicos y fácticos que echan por tierra esta teoría. Lo importante, más allá del planteo del porcentaje, es cuál es el nivel de producción. Si se cobra un 4 o 5 por ciento pero el nivel de actividad es muy bajo, es decir, pocos pozos trabajando como consecuencia de que las inversiones van a ir a otra provincia, lo que ingresa es menor que si se incentivan las inversiones reduciendo la carga tributaria y teniendo un criterio común entre todas las provincias petroleras”, argumentó Pérez al mandar el acuerdo a la Legislatura.
Pérez contra Pérez
En 2012, el gobernador decidió un aumento en la tasa de Ingresos Brutos para la gran mayoría de las actividades económicas de la Provincia, incluida la industria petrolera.
El 5 de mayo de ese año, se anunció la toma del control por parte del Estado del 51% de YPF, entonces manejada por la española Repsol. Para entonces, en las provincias productoras se empezó a plantear una discusión sobre la parte de la torta petrolera que les correspondía.
La discusión se saldó en 2014 luego de un tire y afloja entre el gobierno nacional y los de las provincias con crudo en el subsuelo. El gobernador mendocino fue uno de los que se plantó con firmeza contra la pretensión de YPF de limitar la autonomía impositiva de las provincias cuando la empresa petrolera estuviese de por medio. Esa postura perdió en la discusión.
Finalmente, se acordó unificar el régimen impositivo para la actividad extractiva en el país. El efecto del desenlace de esa controversia en Mendoza fue el acuerdo que Pérez firmó con Galuccio.
