Por Jonathan Cook
Para Jonathancook.net
El fin de semana, Fatah publicó una imagen (arriba) en su página de Facebook mostrando al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu junto al dogal de un verdugo, así como la palabra "próximamente"y el logo de la balanza de la justicia de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Es ciertamente como muchos palestinos querrían ver el destino de Netanyahu durante los próximos meses.
La semana pasada Mahmud Abbas, el presidente palestino, firmó de mala gana el Estatuto de Roma, allanando el camino para solicitar la admisión en la CPI, después de que no logró ganar una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU en una resolución para terminar la ocupación en 2017.
Sin embargo, los leales del partido Fatah de Abbas probablemente serán desilusionados. Hay que eliminar muchos obstáculos antes de que alguien en Israel, para no hablar del primer ministro, llegue al banquillo de La Haya acusado de crímenes de guerra.
La primera prueba será ver si los nervios de Abbas resisten. Pasarán 60 días antes que la solicitud de unirse a la CPI entre en efecto. Mientras tanto, Israel y EE.UU. –ninguno de los cuales ha ratificado el Estatuto de Roma– ejercerán toda la presión posible sobre su persona para que cambie de rumbo.
En la reunión de gabinete del domingo, Netanyahu anunció que Israel retendrá la transferencia de los ingresos por impuestos que cobra por cuenta de la Autoridad Palestina (AP) que está obligado a transferir.
En vista de las precarias finanzas de la AP, esto representa un golpe que se hará sentir rápidamente. Abbas descartó la acción, presentando su desesperación diplomática como arrogante indiferencia. “Ahora hay sanciones, está bien. Hay una escaladam está bien… pero seguiremos adelante”, dijo.
Israel amenaza con agregar castigos adicionales esta semana. O como dijo un alto funcionario del ministerio de Exteriores: “Israel está a punto de pasar del modo defensa al modo ataque”.
Incluyen un plan para reclutar a los poderosos lobbies de Israel en Washington para asegurar la imposición de legislación que requiera que el Congreso de EE.UU. retenga unos 400 millones de dólares de ayuda anual a la AP en caso de que los palestinos realmente inicien alguna acción en La Haya para investigar a israelíes por crímenes de guerra.
Implicando a Abbas
Además, Israel amenaza con utilizar su propia formidable recolección de inteligencia contra Abbas y sus funcionarios de la AP para implicarlos también en crímenes de guerra.
Israel podrá tratar de ir en pos de funcionarios palestinos, incluyendo a Abbas, a través de tribunales estadounidenses que en el pasado han mostrado su disposición a respaldar demandas relacionadas con terrorismo contra los palestinos.
En septiembre, un jurado de Nueva York decidió contra el Banco Árabe basado en Jordania por canalizar dinero caritativo hacia los territorios ocupados a fin de ayudar a familias pobres, aceptando que ese dinero ayudaba a apoyar el “terror”.
En la reunión semanal del gabinete israelí, Netanyahu advirtió: “Los que tienen que responder ante una corte penal son los jefes de la Autoridad Palestina, que han forjado una alianza con los criminales de guerra de Hamás”. Uno de sus funcionarios señaló de la misma manera que tenían “bastante munición” para utilizar contra Abbas.
Un analista israelí, Barak David, sugirió que el objetivo podría ser “crear un equilibrio del terror”, resucitando el principio de la Guerra Fría de destrucción mutuamente asegurada: “Cada lado bombardearía al otro con demanda hasta que dejase de respirar”. Una forma de reacción que, según se informa, Netanyahu es reacio a aplicar en esta ocasión es un exceso de construcción de colonias. Fue la reacción de Israel en 2012, cuando los palestinos ganaron una votación en la ONU que transformó su estatus.
Pero se dice que el efecto diplomático entonces enseñó una lección a Israel y esta vez no mencionará específicamente la expansión de colonias como parte de sus represalias.
Persuadiendo a la CPI
El próximo obstáculo será persuadir a la CPI de que investigue Israel. Hasta ahora los palestinos han tenido poco éxito en la CPI, pero las antiguas justificaciones de la Corte para no actuar ya no son válidas.
A principios de 2012, la CPI abandonó una investigación de demandas palestinas por crímenes de guerra cometidos durante el ataque de Israel contra Gaza en 2008-- 2009 sobre la base de que Palestina no era un Estado reconocido. Eso cambió con el posterior cambio de estatus en la ONU durante ese mismo año.
Y en noviembre, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, detuvo una investigación de una operación de comandos israelíes contra el barco de ayuda Mavi Marmara en 2010 en la que murieron nueve activistas humanitarios. El caso se había posibilitado solo porque el barco estaba registrado en Islas Comores, que había firmado el Estatuto de Roma.
Bensouda argumentó que las muertes de los activistas no tenían “suficiente gravedad” para justificar la intervención de la CPI.
Pero ahora –con una serie mucho más amplia de ejemplos a elegir como miembro de la CPI, incluyendo el ataque a Gaza del verano pasado que causó la muerte de más de 500 niños– los palestinos deberían estar en condiciones de encontrar casos que cualifican mejor.
A pesar de todo, tales investigaciones, si tienen lugar, serán difíciles y requerirán mucho tiempo, especialmente porque Israel será muy poco cooperativo, como lo ha sido en el bloqueo del acceso a Gaza para investigaciones de la ONU de crímenes de guerra.
Mientras tanto, es seguro que EE.UU. presionará entre bastidores a la Corte de La Haya para que rechace los casos presentados por los palestinos. Se puede esperar que amenace las finanzas de la CPI y que presione de otras maneras, tal como lo hicieron miembros del Consejo de Seguridad la semana pasada para asegurar que una resolución palestina para terminar con la ocupación no obtuviera la mayoría necesaria.
No hay que subestimar la naturaleza politizada de la CPI. Hasta ahora sus casos solo se han referido a dirigentes africanos y a otros considerados enemigos de EE.UU. y de Occidente.
Expertos en derecho internacional señalan que será extremadamente difícil que la CPI abra casos contra los dirigentes de un Estado considerado ampliamente en EE.UU. y Europa como una democracia al estilo occidental.
Eso podría, por ejemplo, alentar comparaciones incómodas entre la conducta de Israel y la de EE.UU. y Gran Bretaña en Medio Oriente. Si Netanyahu o Tzipi Livni tuvieran que ir a juicio, ¿por qué no Barack Obama o su predecesor, George W. Bush? Los dirigentes estadounidenses son tan culpables por su parte en las ejecuciones extrajudiciales por drones en Yemen y Pakistán o sus programas de entregas extraordinarias y torturas.
Inmunidad contra el procesamiento
No obstante, Israel tiene buenos motivos para estar preocupado.
Si o no se presentan finalmente casos contra israelíes, es probable que la amenaza de acusaciones de crímenes de guerra actúe como una restricción, creando una atmósfera de duda, cautela y temor en el terreno entre las fuerzas de seguridad israelíes.
No es algo ante lo cual Israel, impulsado por una tradición militar de crear disuasión aterrorizando a sus vecinos árabes para crear sumisión, pueda permitirse mostrar complacencia.
Como observó el profesor de derecho de Tel Aviv Aeyal Gross, la amenaza de la CPI es mayor para Israel que para los palestinos. Es poco probable que clos ombatientes palestinos teman un procesamiento por la CPI en vista de que “ya arriesgan se arriesgan a que Israel los asesine o les imponga largas penas de prisión si slos captura. Por el contrario, los israelíes han gozado de una inmunidad de facto por sus acciones”
Fuera de este problema, Israel tendrá que demostrar –si quiere asegurarse de evitar una investigación por la CPI– de que ha realizado sus propias investigaciones creíbles y que está dispuesto a enjuiciar a sus propios soldados, incluyendo a sus comandantes, con acusaciones serias.
Hasta ahora, incluso los simples soldados israelíes han gozado de inmunidad casi total por sus acciones,e Israel se ha negado a cooperar con investigaciones independientes.
Cuando Israel anunció unas pocas investigaciones criminales relacionadas con su ataque a Gaza del verano pasado, en el que murieron más de 2.000 palestinos, en su mayoría civiles, fue duramente criticado por las ONG locales de derechos humanos. Las dos más respetadas, B’Tselem y Yesh Din, se negaron a cooperar, argumentando que las investigaciones constituían un “encubrimiento”.
Las autoridades israelíes han aprobado hasta ahora 13 investigaciones de los sucesos del verano pero la mayoría se relacionan con incidentes menores o aislados, usualmente cometidos por soldados jóvenes. Cinco de las investigaciones tienen que ver con afirmaciones de saqueo: soldados robando dinero o bienes de casas palestinas.
Espada de doble filo
Esto tendrá que cambiar ahora, aunque sea para salvar las apariencias.
De la misma manera, las amenazas que Netanyahu y otros funcionarios israelíes han estado profiriendo contra Abbas son una espada de doble filo. Mientras flos uncionarios israelíes han advertido de que la solicitud palestina para unirse a la CPI abre una “caja de Pandora”, puede ser que cualquier daño a Abbas y a la AP termine por repercutir en Israel.
Desde hace tiempo ha habido sugerencias de que Abbas ha estado conspirando activamente con Israel contra Hamás, incluyendo rumores de que le consultaron de cerca respecto al ataque de Israel a Gaza en 2008-2009. El hecho de que esa colaboración saliera a la luz podría simplemente profundizar los problemas de Israel.
En todo caso, debilitar la AP –sea implicándola en crímenes de guerra o invalidando sus finanzas– podría causar su colapso y que Israel vuelva a verse forzado a asumir todos los costes militares y financieros de la ocupación.
Por eso el Departamento de Estado de EE.UU. expresó el lunes su oposición a la negativa israelí de transferir los ingresos de impuestos a los palestinos, diciendo que amenaza la “estabilidad” en la región.
El hecho de que los palestinos se unan a la Corte de La Haya también podría servir como incentivo a grupos que tratan de utilizar el principios de jurisdicción universal en sus propios países, incluyendo varios grandes países europeos que ya han incorporado esa legislación. Eso podría ser aún más probable si la CPI pareciera estarse sometiendo a presión para evitar el procesamiento de los funcionarios israelíes.
Dejaría a importantes israelíes con más temor todavía de visitar esos Estados por temor a sque los arresten.
Y tal vez no sea lo menos importante que la acción de los palestinos en La Haya agotará aún más buena voluntad de EE.UU. al verse obligado públicamente a rescatar a Israel de las consecuencias de sus propios peores excesos militares.
Jonathan Cook es un periodista basado en Nazaret galardonado con el Premio Especial para Periodismo Martha Gellhorn. Ver más sobre él en este link
