Roberto Locles recibió una condena de prisión en suspenso y tres de inhabilitación profesional, una pena mucho menor que las solicitadas por la querella y el fiscal.
El perito balístico Roberto Locles fue condenado a un año de prisión en suspenso y a tres de inhabilitación para ejercer su profesión por la inutilización como prueba de la bala con la que fue asesinado Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero.
Locles actuaba como perito de parte de los acusados del crimen cuando arrojó el proyectil con fuerza sobre una mesa con el pretexto de probar el recorrido de la bala antes de impactar en el abdomen de la víctima, inhabilitándola para otras pericias técnicas.
El fallo fue dado en la tarde de este lunes por Tribunal Oral en lo Criminal 16 de Capital, en una condena inferior a los pedidos de fiscalía y querellantes, que llegaba a tres años y medio de prisión efectiva y ocho de inhabilitación.
Los hechos por los que Locles fue juzgado ocurrieron durante una junta de peritos dispuesta por la jueza de instrucción Wilma López, quien instruyó la causa por el crimen de Ferreyra, cometido el 20 de octubre del 2010.
En esa ocasión, Locles, con la supuesta finalidad de explicar su teoría de que el proyectil habría rebotado previo a herir a Ferreyra, lo golpeó “reiterada y continuamente” contra la mesa de trabajo del gabinete, lo que provocó "leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo", según el dictamen judicial.
El fiscal Fernando Fiszer había reclamado para Locles dos años de prisión en suspenso y ocho de inhabilitación, mientras que el abogado del CELS Federico Efrón había reclamado tres años y tres meses y el doble de inhabilitación, y la querellante Claudia Ferrero (del PO) pidió la pena de tres años y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación.
En sus últimas palabras antes de la sentencia de los jueces Gustavo González Ferrari, María Bértola y María Inés Cantisani, el veterano perito proclamó su inocencia.
Por el crimen de Ferreyra ya fueron condenados a quince años de prisión los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, y a 18 años el delegado Pablo Díaz y los autores materiales der los disparos, Cristian Favale y Gabriel Sánchez.
Aún está en trámite una causa abierta por un presunto intento de soborno a dos camaristas de Casación para favorecer a Pedraza en la que está implicado el ex juez federal José Octavio Aráoz de Lamadrid.
Fuente: Télam
