El escándalo por el otorgamiento de concesiones de agua en Mendoza sumó un nuevo capítulo de alta temperatura política. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió a exigir el enjuiciamiento del titular de Irrigación, Sergio Marinelli, tras revelarse que otorgó permisos a poderosos empresarios para realizar perforaciones en un acuífero que él mismo había declarado restringido un año atrás.
Frente al revuelo político y mediático, Marinelli salió a promocionar una supuesta transparencia de la operación y dijo que se presentará ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para explicar su accionar. Será el próximo martes cuando el funcionario dé explicaciones formales, tras la aprobación de su pedido por parte del presidente de la Cámara, Andrés Lombardi.
Entre los beneficiarios de estas resoluciones figura el empresario Eduardo Elsztain, dueño del grupo IRSA y anfitrión del presidente Javier Milei durante la noche de su triunfo electoral. La movida oficial encendió alarmas y expuso con crudeza las relaciones entre negocios, política y recursos estratégicos como el agua.
La senadora kirchnerista no dejó pasar la oportunidad y, desde sus redes sociales, sostuvo que “la administración del agua en Mendoza es inadmisible” y denunció a Marinelli por “incumplimientos flagrantes de su función pública”. Además, anunció que instruyó a sus legisladores para iniciar el proceso de Jury de Enjuiciamiento y reclamó su remoción “inmediata”.
Agua para los poderosos
La decisión de Irrigación, oficializada en la resolución 125, habilitó nueve pozos en la subcuenca de El Carrizal, precisamente en una zona sobre la margen derecha del Río Mendoza que había sido restringida mediante la resolución 1109, firmada por el propio Marinelli a mediados de 2024.
Los beneficiarios incluyen a la empresa Cresud SAFIC A, de IRSA, con cinco perforaciones; la firma Chimpay La Rioja SA, con dos; y otras autorizaciones para Pedro García Mateo y la bodega Grappolo SA, del empresario vitivinícola Walter Bressia.
La oposición no tardó en denunciar lo que considera un claro caso de “privilegios a medida” para grupos económicos afines al oficialismo. Marinelli, por su parte, intentó descomprimir el conflicto con el anuncio de que se presentará ante la Legislatura para dar explicaciones, pero la tormenta política parece lejos de amainar.
