El presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores del Frente de Todos acordaron impulsar un juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los acusan por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad".
Los denunciados son los jueces Horacio Rosatti, presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Firmaron la demanda junto al Presidente, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
La iniciativa no consiguió el aval de todos los mandatarios del Frente de Todos. Se mantuvieron al margen de la demanda los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Salta, Gustavo Sáenz,
El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los gobernadores que comparten la acción contra los integrantes del máximo tribunal por considerar que actuaron sin apego a la ley al fallar a fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en un conflicto por la distribución de la coparticipación.
Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sostuvo que la decisión de pedir el juicio político a los supremos se enmarca en el "artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Consideró que la demanda que plantearán en el Congreso contempla "una multiplicidad de hechos" supuestamente irregulares atribuidos a los jueces del tribunal supremo, que van desde "la violación de la Ley de Ética Pública" hasta el mal desempeño.
Los denunciantes acusan a los jueces de salirse de los cauces legales en dos causas con fuerte impacto político e institucional. Una es la que terminó en una sentencia que reconfiguró la composición del Consejo de la Magistratura y la otra es en la que dictaron una cautelar que obliga al gobierno nacional a aumentar la partida de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.
"Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano", dijo Capitanich.
Luego cargó contra la cautelar que favoreció al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta con una ampliación del porcentaje que recibe de copartición. "Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad", apuntó.
Sobre el procedimiento del juicio político dijo que la demanda se iniciará en la Comisión de Juicio Político de Diputados, que tendrá cuatro meses para desarrollar una investigación y emitir dictamen. En esa comisión el Frente de Todos tiene quorum propio, a diferencia de lo que ocurre en plenario. Para habilitar la investigación legislativa de forma inmediata, el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Congreso.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que los jueces de Corte avanzaron sobre "atribuciones que no les son propias", a la vez que remarcó que la decisión que tomaron con el Presidente "no tiene antecedentes".
El mandatario santiagueño Gerardo Zamora señaló que la Corte "ni siquiera contestó" tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos porteños. Añadió que esa situación "se agravó muchísimo" cuando trascendió una filtración de chats que contiene una presunta conversación entre un operador del presidente de la Corte, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, en la que se trasluce un arreglo de causas.
Zamora presentó una denuncia contra Robles en la Justicia Federal por considerar que está "involucrado en un hecho gravísimo" y dijo que los diálogos con D'Alessandro "son escandalosos".
