El presidente de Diputados blanqueó que hay intereses ocultos de los dueños de los medios detrás del juicio a Böhm

Los grupos mediáticos pretenden la destitución del magistrado porque declaró constitucional una ley incumplida que obliga a pagar $7.200 de sueldo mínimo a los periodistas.

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Jorge Tanús, admitió la injerencia de intereses de las empresas de medios de comunicación de la provincia para la iniciación de un juicio político al ministro de la Suprema Corte, Carlos Böhm, en el marco de una denuncia presentada por el senador massista Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez.

En conferencia de prensa en la Legislatura, Tanús describió: «Hay algunas cuestiones que la Corte tiene que resolver y no queremos mezclar la política con algunas resoluciones judiciales que están hoy distorsionando un poco el tema de la denuncia presentada por el senador Valls…»

-¿Qué decisiones? -le consultaron los periodistas este miércoles en la mañana.

-Vinculadas con los medios de comunicación principalmente. Hay alguna cuestión que se está resolviendo en el ámbito de la Corte vinculada con los medios de comunicación que está influyendo en una denuncia que no tiene nada que ver que es la que presentó Vals con Patricia Gutiérrez y entonces la Corte deberá resolver sus propios problemas antes de traerlos a la política.

Tanús se refirió a, al menos, una causa laboral que está a resolución de la Corte de la provincia en la que está en juego la constitucionalidad del Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad de prensa, que es resistido por los empresarios de la provincia porque fija, entre otras cosas, una escala salarial que se han negado a cumplir sistemáticamente.

Según el CCT 17/75, el sueldo de un periodista que inicia la carrera debe ser el equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil, establecido en $3.600. Es decir, de acuerdo al ordenamiento jurídico que rige con plena vigencia el sueldo mínimo de los periodistas de Mendoza debiera ser $7.200, una falacia si se tienen en cuenta los haberes reales que pagan las empresas de las provincia.

Böhm, como ministro de la Corte, convalidó la constitucionalidad del Convenio de Prensa en la parte salarial en al menos dos fallos, con lo cual se convirtió en enemigo de los dueños de los medios. La denuncia de Valls avalada por Gutiérrez se dio en un escenario de inminente resolución de nuevas causas planteadas por periodistas contra sus empleadores por el incumplimiento del CCT 17/75.

Un grupo de profesionales de la comunicación de Mendoza, de quienes se reserva la identidad por motivos obvios, pudo reconstruir al menos una reunión entre los gerentes de los grupos mediáticos provinciales para operar la denuncia al juez Böhm, a quien atacaron incluso con una flagrante mentira: le endilgaron 78 años, cuando tiene 74, una edad aceptada incluso en la Constitución Nacional para ejercer el cargo de juez.

Aunque todos los grupos mediáticos divulgaron la denuncia, la operación más impresionante se montó desde el Grupo Uno, centro de operaciones de los conocidos Daniel Vila y José Luis Manzano, a punto tal que sus medios levantaron la proscripción que pesaba sobre la diputada Gutiérrez, ex radical y ex independiente.

Ante la evidente vinculación de los denunciantes con los intereses de los grupos mediáticos, el presidente de la Cámara de Diputados adoptó una actitud valiente: salió a blanquear que todos los legisladores que están involucrados en el proceso de juicio político conocen la operación empresaria contra Böhm para defender la continuidad de la ilegal relación laboral que establecen con sus empleados. Tanús será víctima de una campaña de desprestigio.

El argumento esgrimido por los denunciantes del juez es que Böhm se inhibió en un caso donde una jueza se accidentó en su despacho, por amistad; que después no se inhibió en el juicio civil, pero ese juicio le redujo a la jueza el monto indemnizatorio de cinco millones de pesos a $800 mil.