El procurador de México insistió con que "los normalistas están muertos; fueron calcinados" sin intervención del ejército

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El procurador general de la República de México, Jesús Murillo Karam, reiteró su versión inicial acerca de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos. “Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.

En rueda de prensa Murillo Karam, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dijo que la versión inicial se reforzó tras la detención el jueves 15 de Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.

Rodríguez Salgado, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, estaba a cargo de la protección del municipio guerrerense para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él.

La célula estaba conformada por una docena de “halcones” o informantes y sicarios, quienes realizaban vigilancia, secuestros, homicidios y venta de drogas en la zona.

Después de los hechos en Iguala, “El Terco” cruzó a Estados Unidos de manera ilegal, pero fue detectado por Migración y devuelto al estado de Morelos, en donde fue detenido.

Calificada por Zerón de Lucio como una detención “clave” dentro de la investigación, porque según testimonios de los detenidos “El Cepillo” fue quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas y porque él mismo corroboró los hechos narrados previamente por sus cómplices.

Antes, Murillo Karam destacó que a la fecha hay 99 personas detenidas, 385 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos; además, se realizaron 16 cateos encontrando diversos indicios, como una bodega con 54 mil cartuchos.

También aclaró que la investigación del caso Ayotzinapa continuará hasta detener a todos los implicados y aplicarles las penas más altas, tanto a los autores intelectuales como materiales.

El titular de la PGR subrayó que las indagatorias se han realizado con apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos para castigar de manera ejemplar a los responsables, ya que por ningún motivo estos hechos pueden volver a repetirse.

Incluso, refrendó que no existe evidencia alguna de la participación de elementos del Ejército en los hechos de Ayotzinapa, ocurridos el 26 de septiembre pasado.

No obstante, Murillo Karam aclaró que hasta el momento la PGR no cuenta con alguna evidencia que relacione a los normalistas de Ayotzinapa con algún grupo delictivo.

En su turno, Tomás Zerón de Lucio destacó que hasta el momento se han realizado 487 dictámenes periciales, que incluyen pruebas químicas, biológicas, balísticas, fotográficas, de antropología y retratos hablados, que dan cuenta de la manera en que ocurrieron los hechos en que perdieron la vida los estudiantes.

Asimismo, precisó que existen evidencias de que la incineración se realizó en un área que comprende 140 metros cuadrados y el fuego alcanzó temperaturas de hasta mil 600 grados centígrados, por lo que los restos quedaron totalmente carbonizados.

Luego dijo que hasta el momento suman 99 las personas detenidas por el caso Ayotzinapa, en cuya incineración de los jóvenes se utilizaron llantas, gasolina y diesel, entre otros objetos.

Hasta el momento, abundó, están seis órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y sostuvo que pedirán las penas más altas contra los responsables, las cuales pueden alcanzar hasta 140 años de prisión.

En la rueda de prensa se exhibió un video que da cuenta de las declaraciones de algunas de las personas detenidas, quienes han aportado datos que serán fundamentales para capturar a quienes aún se encuentran prófugos, dijo.

Los funcionarios recordaron que Rodríguez Salgado, sicario de la organización criminal Guerreros Unidos, fue consignado en días pasados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.

Por último, Murillo Karam señaló que “muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

 

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