El procurador Rodolfo González dictaminó a favor de la constitucionalidad del texto completo de la Ley 7.722 que regula la actividad minera en Mendoza. El dictamen se conoció este miércoles, cuando retumban los ecos del derrame de cianuro de la compañía Barrick en la mina Veladero, de San Juan.
La ley en cuestión aleja cualquier posibilidad de que en Mendoza suceda lo de Veladero, puesto que prohibe el uso de cianuro en el proceso de separación de los metales de la piedra, sin el cual es impracticable la minería de gran escala.
“La 7.722 que limita la minería a cielo abierto con uso de cianuro es razonable y constitucionalmente válida al armonizar y complementar la tutela del ambiente y el desarrollo", falló el jefe de los fiscales ante los planteos de inconstitucionalidad empujados por los empresarios del sector con la intención de invalidar las prohibiciones de la norma.
"No deteniendo la minería ni el progreso, sino por el contrario haciéndolo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. Sería moralmente inaceptable privilegiar la utilidad económica sobre la integridad psicofísica del ser humano”, agregó el Procurador en su dictamen.
La Corte rechazó la realización de una audiencia pública para escuchar a las partes en conflicto: por un lado los empresarios que privilegian los intereses de sus negocios y por otro los ambientalistas que no consideran el negocio sin que se mantenga la prohibición del uso de cianuro, que es la principal traba de la ley a las apetencias de los extractivistas que calcularon la rentabilidad de intervenir la Cordillera mendocina en pos de cobre y otros metales.
