Por Gonzalo Terra
Para El País, de Montevideo
Hace ya varias semanas que el Poder Ejecutivo de Uruguay estaba al tanto de la decisión del Royal Bank of Canada (RBC) de cerrar el próximo 31 de octubre en el país oriental. El banco fue allanado hace dos meses por la Justicia del Crimen Organizado a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide en el marco de una causa que investiga lavado de activos y otros delitos en transferencias de futbolistas. En el allanamiento fueron incautadas 45 computadoras, expedientes y celulares de los empleados con información de la totalidad de los clientes del banco.
El anuncio del banco y los cuestionamientos hacia el proceder de la Justicia, fundamentalmente por parte del director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay, Julio de Brun, molestaron al Ejecutivo que defiende lo hecho por la jueza Adriana de los Santos.
Fuentes consultadas por El País señalaron que el análisis de la información contenida en el material incautado finalizará en unos veinte días. Luego se procederá a determinar qué información es derivada al juez Oyarbide y qué elementos pueden dar mérito al inicio de una investigación en Uruguay.
Las fuentes señalaron que información ya recolectada demuestra falencias en los controles y podría justificar una intervención del Banco Central e incluso la clausura de la institución. Se indicó que el anuncio de retiro por parte del RBC apunta a impedir que se llegue a tal extremo.
Los voceros recordaron que el RBC es la institución financiera que recibió la mayor multa aplicada por el Banco Central desde que rigen las normas antilavado.
Mediante la resolución D/646 del 17 de diciembre de 2008, el BCU dispuso "sancionar a RBC Investments Uruguay S.A. con una multa de UI 650.000 (Unidades Indexadas), por las omisiones constatadas en el sistema integral para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, especialmente en lo que tiene que ver con la diligencia debida con respecto a sus clientes y el reporte de operaciones sospechosas".
La multa fue de 1.222.213 pesos, la más alta aplicada hasta ahora y, según las fuentes consultadas, se debió a que el banco no verificaba el origen de los fondos que manejaba. "Es la tapa del libro para cualquier institución financiera", comentaron las fuentes.
Señalaron que este antecedente unido a su implicación en una investigación en Argentina y pruebas ya encontradas en sus equipos informáticos vinculadas a incumplimientos de normativas, derivaría en su clausura, una suerte que también corrió la financiera Alhec, allanada el mismo día y por la misma causa.
En cuanto al operativo judicial, el gobierno defiende la actuación de la Justicia y señala que los cuestionamientos que apuntan a la jueza de los Santos "parten de cabezas que razonan como el sistema financiero cuando aquí el problema es de crimen organizado". No obstante, se reconoce que la jueza cometió "un gran error" cuando en una primera resolución, que luego debió revocar, ofreció a Oyarbide acceso total a la información incautada -perteneciente a todos los clientes- para que dispusiera de ella e, incluso, se la llevara a Argentina. Otro error, aunque no adjudicable a la magistrada, fue que el fiscal llegó a la institución unos quince minutos más tarde que la Policía y en ese ínterin el despliegue de los uniformados fue muy "efectista" y un tanto violento.
No obstante, el gobierno afirma que la incautación de toda la información es correcta y ajustada al protocolo de actuación. Se aseguró que están dadas todas las garantías para que no haya filtración de información y que no se le dará a Oyarbide ningún dato fiscal.
