Debate de 48 horas

El Senado convirtió en ley el proyecto de Solidaridad social y Reactivación productiva"

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Tras 48 horas de debate frenético, el Frente de Todos consiguió sancionar la primera ley pedida por el presidente Alberto Fernández, que le otorga amplias facultades en el inicio de su gobierno. El proyecto de ley de “solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” fue aprobado en el Senado en la madrugada de este sábado con 41 votos afirmativos, 23 negativos y una sola abstención, de la riojana Clara Vega, recién asumida.

La iniciativa había sido avalada en la Cámara de Diputados apenas unas horas antes y Juntos por el Cambio ayudó, con su ausencia, a habilitar el debate en el Senado. Es que al momento de votar el tratamiento del proyecto sobre tablas, para lo cual se requería una mayoría agravada, el interbloque de la oposición no bajó al recinto, y permitió así que el Frente de Todos lograra unanimidad.

La sesión -la primera presidida por la vicepresidenta Cristina Kirchner- inició con la jura de la senadora Vega en reemplazo de la intendenta electa de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, tras lo cual se le tomó también juramento a Martín Lousteau (UCR) y a Laura Rodríguez Machado (Pro) como vicepresidentes del Senado. Además, se aprobó sin inconvenientes el nuevo Consenso Fiscal firmado entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.

Puntos centrales

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la
emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o
atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las
pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y
oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios
nacionales y cientícos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado
ingreso con relación a los activos.

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