El Senado de la Nación protagonizó este jueves una jornada histórica al rechazar en cadena cinco decretos desregulatorios impulsados por el Poder Ejecutivo. Las medidas, promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntaban a disolver, fusionar o degradar organismos públicos emblemáticos en nombre de la eficiencia administrativa. Pero el Congreso, con mayoría simple, les puso freno.
Los decretos habían sido dictados bajo facultades delegadas que vencieron en julio, y no pasaron por la Bicameral de Trámite Legislativo. Tras su rechazo en Diputados, el Senado confirmó la caída de los decretos 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25, que afectaban instituciones como el INTA, el INTI, el INV, el BNDG, el Instituto Nacional del Teatro, Vialidad Nacional y organismos históricos de la cultura.
Voces que defendieron lo público
Durante el extenso debate, senadores de distintos bloques expusieron el impacto concreto de las medidas en sus territorios. Silvina García Larraburu advirtió que el decreto 462/25 “degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica”. Recordó que más de 40 expositores participaron en la Comisión de Ciencia y Tecnología, alertando sobre el riesgo para el INTA y el INTI, que sostienen cientos de centros regionales, estaciones experimentales y programas agropecuarios.
Desde Mendoza, Anabel Fernández Sagasti denunció el vaciamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y rindió homenaje a Gabriel Ernesto Carreras, trabajador del organismo fallecido tras una reunión sobre su futuro laboral.
“No se ataca solo a un instituto técnico, se ataca a la industria vitivinícola, al federalismo, a la producción, a la salud pública”, expresó. Alertó que los controles “opcionales” habilitan adulteraciones y ponen en riesgo el prestigio internacional del vino argentino.
Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, defendió el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), clave en la restitución de identidad. “Interrumpir la búsqueda de 300 niños y niñas es complicidad con la dictadura”, sostuvo. Mónica Silva, de Río Negro, denunció el desguace de Vialidad Nacional: “Afecta 43 mil kilómetros de rutas. La gente se muere y nadie se hace cargo”.
Martín Lousteau criticó la lógica del Ejecutivo: “La motosierra no transforma el Estado, lo corta. Lo que no sabe gestionar, lo rompe”. Reconoció problemas en los organismos, pero llamó a mejorarlos desde adentro. Juliana di Tullio cerró la sesión destacando el consenso transversal: “Estas instituciones han hecho que el país crezca y sea más seguro en rutas, alimentos, tecnología y cultura”.
Una disputa por el modelo de Estado
Los decretos rechazados no solo proponían reestructuraciones administrativas. Implicaban una redefinición del rol estatal en áreas sensibles: desde la soberanía alimentaria y tecnológica hasta la memoria histórica, la seguridad vial y la producción cultural. La desregulación de la Marina Mercante, por ejemplo, fue cuestionada por gremios y la justicia laboral por vulnerar el derecho a huelga y habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional.
El rechazo parlamentario marca un límite institucional al avance de medidas unilaterales. Ya son seis los decretos que el Congreso le ha volteado al presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión. La sesión de este jueves dejó en evidencia que, más allá de los números, hay una voluntad política que resiste el desmantelamiento de lo público.
