El tribunal asignado por el Consejo de la Magistratura rechazó la recusación que los defensores de ex jueces y exmilitares juzgados en Mendoza por complicidad y ejecución de delitos de lesa humanidad interpusieron contra el juez Juan Antonio Gonzalez Macías, según se supo en las últimas horas.
Además, también se rechazó una petición contra la jueza Gretel Diamante, asignada para integrar el tribunal que resolvería lo de Macías, que la defensa de Otilio Romano, Luis Miret y compañía elevaron con el argumento de que podría actuar en preferencia “por su adhesión a sectores vinculados a los derechos humanos”.
Ambas peticiones fueron rechazadas “in limine”, y consideradas como acciones “cuyo fin es entorpecer la marcha del actual proceso”. De esta manera, el juez Juan Antonio Gonzáles Macías continuará integrando el Tribunal que lleva adelante el megajuicio contra Romano, Miret, Petra Recabarren y Carrizo, además de un grupo de ex militares, expolicías y exfuncionarios judiciales.
Continúan las testimoniales
Las testimoniales de la jornada fueron brindadas por Carlos López y Juan Eduardo Bonoldi.
Carlos López declaró sobre la desaparición de su hermano menor Mauricio Milcar López, hecho ocurrido el 1 de enero de 1977 tras producirse un violento allanamiento en la vivienda que residía.
Mediante versiones proporcionadas por su hermano Raúl – quien emprendió la búsqueda de Mauricio- Carlos reconstruyó aquel episodio donde personal policial irrumpió de madrugada al hogar de los López. Según el testimonio, los uniformados “se llevaron de todo” y dentro de la vivienda “parecía que sabían dónde estaban las cosas”. Tras el operativo, Mauricio fue secuestrado, y de acuerdo a relatos ofrecidos por otros detenidos pudo conocerse que estuvo en el centro clandestino de detención Las Lajas y luego trasladado a Córdoba.
En su testimonio, el testigo recordó un hecho ocurrido el 4 de enero de 1977. Para esa fecha, la familia López recibió una carta de Mauricio en donde expresaba confiar “que lo iban a dejar salir”, según relató Carlos y agregó que “después de esa carta nunca más tuvieron noticias de él”. En el remitente de esa carta figuraban las siglas AADAL (Asociación Anticomunista de América Latina) enviada desde Viña del Mar, República de Chile.
Carlos continuó su relato destacando el papel de la Iglesia Metodista que intervino dando refugio a las y los perseguidos políticos, y ofreció detalles sobre las presentaciones de habeas corpus y denuncias realizadas por su hermano Raúl, hoy fallecido.
Mauricio Amílcar López fue un destacado profesor de lógica, filosofía, psicología y pedagogía. Fue Rector de la Universidad Nacional de San Luis e integró el Consejo Mundial de Iglesias.
Por otra parte, el testimonio ofrecido por Juan Eduardo Bonoldi versó sobre las desapariciones forzadas de su hermana, Adriana Bonoldi; su cuñado, Marcelo Carrera y Rubén Bravo, cuñado de Marcelo Carrera. Los tres eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que desarrollaban tareas sociales en el Campo Pappa y fueron secuestrados a fines de 1976.
El testigo relató la cronología de los secuestros, el primero de los cuales se produjo el 21 de octubre en la vivienda de Rubén Bravo. El secuestro fue antecedido por un violento allanamiento y saqueo de objetos de valor, ejecutado por fuerzas policiales.
En un operativo similar, Marcelo Carrera fue secuestrado el 24 de noviembre. Sobre este episodio Bonoldi recordó: “Mi hermana me comentó que los días previos observó un falcon que merodeaba la zona donde vivían. Es importante destacar que había tareas de inteligencia”. De acuerdo a lo relatado por el testigo, el secuestro de Carrera se realizó bajo el mismo modus operandi: con violencia, abusos y robos.
Al producirse el secuestro de Marcelo, su compañera de vida y lucha, Adriana Bonoldi, presentó habeas corpus y denuncias en la comisaría 7ma de Godoy Cruz, donde fue interrogada por un oficial. Tras esto, el 1 de diciembre fue secuestrada en las inmediaciones de su casa paterna.
Al momento de su detención, Adriana estaba embarazada. A raíz de la búsqueda realizada por sus familiares, pudieron acceder a informaciones que aseguraban que habría dado a dado a luz a un varón en el Hospital Militar General Espejo. Otro dato que afirma esta premisa fue aportado por amigas de Adriana, a quienes se les dio a conocer que “estaban esperando a que diera a luz para matarla”. La crueldad de estos datos abriga para los familiares de Adriana y Marcelo la esperanza de encontrar a ese hijo apropiado.
“Se estima que Adriana permaneció en el centro clandestino de detención y tortura Las Lajas o Papagallos”, señaló el testigo, quien además detalló sobre las acciones realizadas ante la Justicia para pedir información sobre Bravo, Bonoldi y Carrera.
“Yo no podría ahora hacer una valoración sobre la creencia con la que presentábamos los habeas corpus. Era un trámite más, de la infinidad de trámites que teníamos hacer y las respuestas negativas eran calcadas y como manera de amedrantamiento teníamos, además, que asumir las costas”, afirmó.
Sobre el papel que representaba la Justicia durante la dictadura Juan Eduardo Bonoldi opinó que parecía que “los desaparecidos habían desaparecido para todos, incluso para la Justicia, y esa era la lógica para dar por cerrado el caso”.
El debate oral y público continúa mañana martes 28 de julio a las 9.30, en el primer piso de Tribunales Federales Mendoza.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
