Por segunda vez en 14 años, la Legislatura mendocina se prepara para un debate que marcará el rumbo productivo y ambiental de la provincia. El envío de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, oficializado por la Resolución Nº 405/2025, abre un capítulo que parecía cerrado desde aquel rechazo histórico de agosto de 2011. Hoy, el proyecto regresa empujado por la ambición política de Alfredo Cornejo, decidido a convertir la megaminería en plataforma de poder, y eventualmente reelección, pese a la persistente resistencia social.
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El debate se abrirá en cuatro comisiones clave: Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías Constitucionales. Cornejo pretende tener aprobado el proyecto antes de diciembre.
Para el envío del expediente, que el Gobierno mantenía en espera después de una serie de apelaciones judiciales y dictámenes técnicos lapidarios, fue decisivo el resultado de las elecciones del 26 de octubre, que Cornejo tradujo como licencia social para avanzar.
El rechazo de 2011
En agosto de 2011, la Legislatura había sepultado la iniciativa con 44 votos en contra y 4 ausentes. El entonces candidato a gobernador Francisco “Paco” Pérez, pese a sus vínculos con el derecho minero, pidió personalmente a los legisladores oficialistas que rechazaran el proyecto.
Afuera, miles de vecinos y asambleístas acompañaban la votación con el clásico grito que se convirtió en bandera: “El agua de Mendoza no se negocia”. La audiencia pública de Uspallata, realizada un año antes con la participación de 700 vecinos, había anticipado ese rechazo contundente.
Virajes políticos
La UCR, que como oposición había cuestionado la DIA por objeciones técnicas, cambió de postura al llegar al gobierno. Cornejo habilitó el fracking por decreto en 2015 y redujo regalías a las petroleras. Rodolfo Suarez intentó derogar la Ley 7722 con la llamada “ley del cianuro”, hasta que las protestas masivas lo obligaron a retroceder. La creación de órganos paraestatales y convenios con petroleras marcaron la continuidad de la política extractivista.
Un nuevo informe cuestionado
El nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) que acompaña el regreso de San Jorge es, según las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), “peor que el anterior”. La minera promete 3.900 puestos de trabajo, pero sus propios documentos reconocen apenas 380 empleos fijos. En inviernos secos, el arroyo El Tigre podría secarse por completo si se destina al abastecimiento del emprendimiento.
La Facultad de Medicina de la UNCuyo advirtió sobre el uso de isobutil xantato de sodio, un químico de riesgo grave apenas mencionado en el dictamen oficial. Tampoco se cuantifican las poblaciones de cóndores, choiques y guanacos, especies protegidas por ley. A esto se suma la opacidad administrativa: la Autoridad Ambiental Minera (AAM) demoró semanas en publicar dictámenes clave y redujo un informe de 186 páginas a un resumen de tres, ocultando objeciones técnicas.
El debate legislativo 2025
El proyecto vuelve al recinto con la DIA oficializada por la Resolución Nº 405/2025. El debate transitará cuatro comisiones clave: Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías Constitucionales.
Cornejo, que en 2010 había boicoteado el proyecto, ahora busca tenerlo aprobado antes de diciembre, traduciendo los votos obtenidos en las urnas como “licencia social” para avanzar con la megaminería.
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La trama nacional
El regreso de San Jorge no se explica sólo en clave provincial. Cornejo aparece alineado con los gobernadores que negociaron la Ley Bases con Javier Milei, en un esquema que habilita la entrega de recursos naturales a corporaciones extranjeras. El empuje se redobló en las últimas elecciones con el apoyo de Donald Trump y el desembarco del lobbista Barry Benet, quien se reunió con los gobernadores de provincias con minerales y otros recursos.
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Empresarios locales compraron el diario Los Andes para sostener la propaganda minera, mientras sus cuentas se nutren del derrame petrolero de Vaca Muerta. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es considerado clave por Cornejo: le permitiría concretar la minería como plataforma de acumulación política y económica.
La reinstalación del Impuesto a las Ganancias sobre salarios y el RIGI forman parte de la negociación con el gobierno nacional, en un contexto donde Mendoza figura entre las provincias con trabajadores peor pagados. La venta de yacimientos mineros se presenta como la zanahoria que Cornejo necesita para apuntalar su proyecto reeleccionista, tras diez años de un modelo económico provincial en crisis.
