Por Laureano Barrera
Para Infojus
La justicia argentina probó en octubre de 2011 que en el asesinato de Rodolfo Walsh, ocurrido en el barrio porteño de San Cristóbal, participaron más de seis vehículos y entre 25 y 30 hombres, pero sólo condenó a siete: el capitán de corbeta Jorge “El Tigre” Acosta y sus subordinados Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Juan Carlos Fotea y el autor de algunos de los disparos, Ernesto “220” Weber. Esta semana, al retomar su alegato del tercer juicio de la megacausa ESMA —que lleva tres años de audiencias, tiene a 63 imputados y a 789 víctimas—, los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele señalaron a un nuevo sospechoso por su muerte: el entonces secretario del juzgado de menores N° 9, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa.
El miércoles, en una de las salas del subsuelo de Comodoro Py, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal volvieron a reflotar las circunstancias de aquella emboscada: la que se desató con el grito de los hombres del Grupo de Tareas 3.3.2. en la esquina de San Juan y Entre Ríos, entre la una y media y las cuatro de la tarde del 25 de marzo de 1977.
—¡Alto, policías!
Unas horas antes de asistir a la cita que terminaría con su muerte, Rodolfo Walsh bajó en la estación de Constitución de un tren que había abordado junto a su compañera Lilia Ferreyra en San Vicente. Eran las doce del mediodía. Al llegar, confirmó telefónicamente la cita con José María Salgado, “Pepe”, ex policía federal y militante montonero, la primera de las tres planeadas para difundir la “Carta Abierta a las Junta Militar”. Ignoraba que “Pepe” estaba secuestrado hacía dos semanas. Se despidió de Lilia y salió a la calle. Vestía una camisa beige, pantalón marrón, sombrero de paja, zapatos marrones, anteojos, un reloj “Omega” y el portafolio con copias de la “Carta Abierta”, el boleto de compra venta de la casa de San Vicente y una pistola “Walther” PPK, calibre 22.
Cuando oyó la voz de alto, hizo el gesto de meter la mano en una bolsa: Walsh sabía de las torturas y le había advertido a su pareja que no iba a dejar que lo capturaran vivo. La patota abrió fuego sin esperar nada. En las sombras de la ESMA, donde los marinos se ponían apodos de animales para las operaciones secretas, a Torres de Tolosa se lo conocía como “El Teniente Vaca”. Algunos mediodías, cuando salía del trabajo, se iba a almorzar a la Esma con su amigo de la infancia, el capitán Jorge Acosta. Aunque no hay testimonios que lo sitúen en persona en la esquina del crimen, el miércoles pasado los fiscales enumeraron las pruebas de que integraba grupo de tareas en ese momento: suficiente para imputárselo.
Una de las más contundentes es la confesión de Adolfo Scilingo —condenado a 1084 años de prisión en España—, quien lo acusó de actuar con el GT 3.3.2 e incluso de tripular los vuelos de la muerte. Ahora “Vaca” carga con otra imputación novedosa: ser el primer civil acusado del homicidio doblemente calificado del oficial montonero que había escrito “Operación Masacre”.
Desarticular ANCLA
El caso de Walsh no fue el único que abordó el Ministerio Público Fiscal. Expuso también sobre el secuestro de 17 personas vinculadas directa o indirectamente con la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA), ideada por Walsh: miembros de su mesa de redacción, colaboradores, informantes o personas “íntimamente vinculadas” a alguno de ellos. Todos fueron secuestrados entre agosto de 1976 y noviembre de 1977 y recluidos en la ESMA. “Quisieron eliminar a ese colectivo, que integraban muy pocos militantes, pero que contaba con una red de colaboradores que pasaban información para que Walsh y su grupo hicieran circular los cables”, detalló a Infojus Noticias una fuente judicial.
La agencia ANCLA nació en junio de 1976, después de que Walsh planteara la necesidad de reunir toda la información que llegaba al departamento de informaciones de Montoneros. Su objetivo era romper el cerco informativo y denunciar las violaciones masivas a los derechos humanos. Para eso, formó una pequeña redacción móvil con Lila Pastoriza, Lucila Pagliai, Carlos Aznares y Eduardo Suárez: todos serían víctimas del terrorismo de Estado.
La fiscalía describió el secuestro y cautiverio de cada uno de ellos. El 12 de agosto de 1976 secuestraron a Eduardo Suárez, periodista del Cronista Comercial y miembro de ANCLA, y su compañera Patricia Villa de la agencia de noticias “InterPress Service”, una estrecha colaboradora. Los dos están desaparecidos. Siguieron, en orden de caída, el médico Héctor Eugenio Talbot Wright —que fue herido en la calle y murió en la ESMA—; el argentino Carlos Enrique Bayón y la guatemalteca Norma Batsche Valdés —un matrimonio de montoneros desaparecidos que colaboraba con la agencia a través de Walsh, quien los consideraba sus discípulos—; Oscar Paz —el único liberado—; José María Salgado, “Pepe” —asesinado después de crueles torturas en Coordinación Federal—; Walsh; Ricardo Luis Cagnoni —había renunciado a la Prefectura Naval para trabajar en la fábrica Ford de Pacheco—; la familia Galli —Mario, ex guardiamarina e informante, su madre Felisa Violeta Wagner, su esposa Patricia Flynn y su hija Marianela, la única sobreviviente, liberada tres días después— y una caída conjunta de Gloria Kehoe Wilson, Adolfo Vicente Infante Allende y Luis Alberto Villella, colaboradores.
El 15 de junio de 1977 cayó Lila Victoria Pastoriza, que después de 16 meses en la ESMA recuperó la libertad. El último de la serie fue el 10 de noviembre de 1977, del periodista de Associated Press, Oscar Serrat, que era además el garante de la casa quinta de Walsh. Fue liberado un día después. Los fiscales calificaron esos hechos como privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos, también agravada, e imputaron por ellos a veinte marinos.
La caída de los actores
La mañana del 26 de agosto de 1976, Hebe Inés Lorenzo y su pareja Horacio Peralta fueron abordados por diez personas armadas cuando salían de la casa de los padres de Hebe, en Avenida del Libertador y Olleros. Los golpearon, los encapucharon y los llevaron al Casino de Oficiales de la Escuela. Ambos integraban la Asociación Argentina de Actores (AAA), que respondía a la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP).
Peralta era titiritero, y en 1976 había sido nombrado apoderado de la lista naranja, una línea interna del gremio que había llevado como candidato a presidente a Jesús Carlos Alberto Fernández, conocido como “Polo” Cortez. Por él, por la “negra” Marín —María Cristina Solís de Marín— y por un tal Federico les preguntaron en las sesiones de tortura. La “negra” fue finalmente secuestrada y es una de las víctimas del juicio. Cortés fue “chupado” dos días después y sigue desaparecido. Peralta estuvo secuestrado hasta el 19 de octubre de 1976. A Hebe —que sufrió varios ataques cardíacos durante los interrogatorios— la trasladaron a la Comisaría 31 de la Policía Federal y tres días más tarde la llevaron a Devoto, donde permaneció hasta el 4 de abril de 1977.
Los fiscales llamaron a esta última serie de secuestros entrelazados “la caída de los actores”. Para eso citaron a otra sobreviviente, Marta Álvarez. La AAA formaba un frente con publicistas y periodistas: algunos de ellos se habían reunido secretamente con Walsh en una casa del Tigre. El hombre por cuyo crimen, esta semana, la justicia acusó por primera vez a un civil.
