Al final de de una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves el proyecto de "pago soberano de deuda" que ya contaba con media sanción del Senado. El kirchnersimo reunió para la iniciativa 134 votos a favor, mientras la oposición sumó 99 votos en contra y 5 abstenciones. La iniciativa busca sortear el cepo que el juez de Nueva York Thomas Griesa impuso al pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
La sesión comenzó al mediodía del miércoles con la presencia 138 legisladores del Frente para la Victoria y aliados. A ellos se sumó el ahora massista Facundo Moyano , mientras el resto de la oposición bajó al recinto y se sumó una vez que el oficialismo tenía garantizado el quórum.
En minoría, los bloques de la oposición votaron en contra del proyecto oficial y confluyeron en un argumento: el proyecto del Poder Ejecutivo tiene defectos técnicos y no sirve para solucionar el problema generado por el fallo judicial. Pero las posturas fueron diversas y dejaron al descubierto las diferencias en la oposición, incluso en el interior de algunas bancadas o interbloques. El caso más claro fue el del Frente Amplio UNEN , que se dividió entre el rechazo, la abstención y el ausentismo.
El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti , quien pidió que haya "un voto masivo" para este proyecto de pago soberano "para preservar el proceso de reestructuración de la deuda realizado en el 2005 y 2010" y señaló que el endeudamiento que sufrió el país "fue un condicionante de la democracia".
Feletti recordó que las reestructuraciones realizadas desde la restauración democrática generaron "un mayor endeudamiento" y terminaron siendo "un condicionante delas políticas públicas". Apuntó además que "no hay duda ninguna que este proceso de reestructuración de deuda soberana permitió que ingresen el 92 por ciento de los bonistas" y que "liberó al Estado de la cadena de la deuda"
Quien cerró el debate fue la diputada Juliana Di Tullio (FPV), jefa del bloque oficialista, quien cuestionó con dureza a la oposición: "La verdad que no le creo nada a la oposición. Ahora Griesa es malo pero nosotros lo obligamos a ser malo, el Gobierno obligó a Griesa a hacer un mal fallo. Están confundidos. El rol de la oposición debería haber sido acompañar al pueblo de la Nación en su conjunto y no hacer mera oposición a un gobierno".
Salvo el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, todas las demás bancadas opositoras argumentaron que la ley no es necesaria, pues el Poder Ejecutivo ya cuenta con las atribuciones necesarias para modificar el contrato de canje de deuda.
La oposición criticó la dicotomía "patria o buitres" a la que recurría el discurso oficialista. En rigor, todos los bloques criticaron el fallo de Griesa y a los fondos buitre , pero coincidieron en que el proyecto oficial podría generar nuevos litigios y agravará el problema.
"En el contrato [con los bonistas] se establece que el agente fiduciario esté radicado en Manhattan o Columbia, lo que no sucede con Nación Fideicomisos, que tampoco reúne el capital mínimo de 50 millones de dólares que se le exige. A diciembre pasado, el Nación sólo tenía un capital de 14 millones", advirtió el diputado mendocino Enrique Vaquié (UCR). En esta misma línea, Martín Lousteau(Sumá +) alertó que la remoción del BoNY como agente fiduciario "podría detonar un nuevodefault por decisión de este Congreso", ya que los bonistas reestructurados no podrán cobrar sus acreencias. "El Nación Fideicomisos no cumple con las condiciones contractuales", dijo.
Por su parte, Omar Duclos (GEN) calificó de "meramente declarativo" al proyecto. "Enfatiza la voluntad de pago, pero los acreedores no van a poder cobrar y no resuelve el default técnico", resumió.
Las posturas más alejadas a la propuesta del Gobierno las encarnaron, por derecha, el macrismo, y por izquierda, Unidad Popular y el FIT. El bloque de Pro fue el único que sostuvo que había que cumplir con el fallo de la justicia estadounidense.
"Lo que el país tiene que hacer es acatar la sentencia y quedar liberado de Griesa", afirmó Pablo Tonelli, y argumentó que eso no significaba pagar ahora, sino a partir del 1º de enero, cuando no se aplicará la cláusula RUFO. El FIT y el bloque de Lozano denunciaron la ilegalidad de la deuda. Néstor Pitrola y el resto de los trotskistas pidieron suspender los pagos. Lozano planteó que era el momento de "forzar" el cambio de jurisdicción y declarar la inconstitucionalidad de la prórroga de la jurisdicción.
Fuente: La Nación
